Toluca, Mex.

La Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del estado de México (Igispem) destituyó e inhabilitó para ocupar cargo público a una decena de agentes ministeriales, del Ministerio Público y peritos que participaron en las indagatorias de la matanza ocurrida en Tlatlaya la madrugada del 30 de junio de 2014.

La Igispem inició procedimiento administrativo contra los 52 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) involucrados en el levantamiento de cadáveres y en las primeras indagatorias que se realizaron por la muerte de 22 civiles en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, a manos de elementos del Ejercito Mexicano.

De los 52 servidores públicos sometidos a procedimiento administrativo, el Igispem resolvió ya 30 expedientes, contra igual numero de funcionarios. En diez casos se decretó la destitución e inhabilitación; en 19, se resolvió con una suspensión por un mes y en un caso más por una suspensión por 15 días.

Veintidós casos más se encuentran pendientes de resolución, pues el proceso administrativo se encuentra suspendido en tanto se resuelven de fondo los juicios de amparo promovidos por los servidores públicos señalados.

De acuerdo con las resolución, a dos servidores públicos se les destituyó e inhabilitó por un periodo de cinco años; en dos casos más fueron destituidos e inhabilitados por tres años y en seis casos más se falló por la destitución e inhabilitación por un año.

Encubrimiento y alteración

A todos ellos los encontraron culpables de violar el articulo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de México y Municipios.

Estas son las primeras sanciones para servidores públicos del estado de México a raíz de su actuación en el caso Tlatlaya, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comprobó que existió una grave violación a las garantías individuales de parte de personal del Ejército, de la Procuraduría General de la República y de servidores públicos mexiquenses, pues de los 22 civiles que murieron en la bodega de San Pedro Limón, al menos 12 fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados cuando ya se habían rendido.

Se comprobó que el personal de la PGJEM no sólo solapó esta situación, sino hasta se encubrió la alteración de la escena del crimen con la finalidad de que no hubiera imputaciones contra los efectivos castrenses.

Tras la recomendación que emitió la CNDH, el gobierno mexiquense acusó penalmente a siete policías y un agente del Ministerio Público de tortura por el caso Tlatlaya, pero a la fecha el juicio no ha llegado a su fin. En este momento se encuentra detenido en espera de que se resuelvan amparos.

En el área administrativa, el Igispem inició procedimientos sancionadores contra 53 servidores públicos y este fin de semana ya resolvieron 30 expedientes y 22 quedaron pendientes en espera de resolución de amparos.