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De nuestras Jornadas

Vacío de poder

M

ientras el gobernador en funciones, el priísta Javier Duarte, se esmera en restar capacidad de maniobra financiera y política a su símil electo, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, el vacío de poder se acentúa en la entidad, mostrando la vulnerabilidad ocasionada por la corrupción y la deuda pública, cuyo monto calculan algunos analistas en 170 mil millones de pesos, además del incremento de la violencia, que nuevamente alcanzó a un periodista y amenaza ahora con desbordarse en la sierra de Zongolica.

En días recientes los secuestros en la región sur han crecido y la aparición de asesinados con el sello distintivo de la delincuencia organizada hizo que la jerarquía católica condenara el clima de muerte al que los veracruzanos parecen estarse acostumbrando, dijo el pasado fin de semana el arzobispo de Córdoba.

El homicidio de Pedro Tamayo, el decimonoveno periodista asesinado durante el régimen de Duarte, se perpetró con la complicidad de policías de Tierra Blanca, de acuerdo con lo declarado por sus propias familias.

Cuando menos parte de la culpa corresponde a la omisión del gobierno veracruzano, cuyo mayúsculo desinterés o incapacidad para aclarar las agresiones recurrentes y garantizar el derecho a la libertad de expresión confirmó al estado como el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

Ese vacío de autoridad se recrudeció tras la caída del Partido Revolucionario Institucional el 5 de junio y perfila un preocupante fin de sexenio en el que la violencia pone en entredicho la actuación de policías estatales y municipales y aún del Ejército, como sucedió en Zongolica, donde el asalto a una caja de ahorros en el que murió un policía bancario y una mujer fue gravemente herida provocó una violenta reacción de los vecinos, que sacaron a uno de los asaltantes del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y casi lo lincharon. Ayer murió.

Por lo pronto, agrupaciones empresariales del sur de la entidad comienzan a organizarse a fin de solicitar permisos masivos de portación de armas ante la epidemia de secuestros y asesinatos de médicos, trabajadores de Petróleos Mexicanos, maestros y ciudadanos en general.