La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México para que garantice a los capitalinos ejercer su derecho a la alimentación sana y con seguridad, porque de acuerdo con los datos presentados, casi 12 por ciento de los habitantes viven en carencia.

En la presentación de la segunda parte del informe especial El derecho a la alimentación en el Distrito Federal. Orientaciones de política pública con enfoque de derechos humanos, la CDHDF expuso que en las delegaciones Xochimilco, Iztapalapa y Milpa Alta se encuentran las personas que no tienen acceso a esta garantía.

El derecho a la alimentación fue definido como la garantía a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una nutrición adecuada y suficiente, por lo que también exhortó a las autoridades a emprender acciones que aseguren a todos los capitalinos este derecho.

Entre las medidas que expone el documento está la necesidad de adoptar condiciones que garanticen la alimentación en todos sus aspectos: desde la generación para el desarrollo de los productores agrícolas y la participación igualitaria de todos los sectores productivos en el mercado, hasta la procuración del acceso de todas las personas a los alimentos.

El informe que presentó el organismo son los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que en su Anexo estadístico de pobreza en México indica que casi 12 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México tiene carencias por la falta de acceso a la alimentación.

Ante esa situación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal apremió a poner en marcha acciones que contribuyan al logro de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pacto que enlista 17 objetivos y 169 metas que atienden las esferas económica, social y ambiental, donde los alimentos sean suficientes, inocuos, asequibles y nutritivos, sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones.

El organismo destacó que las políticas públicas en materia de alimentación deben orientarse a la satisfacción de este derecho; reconocer a las personas como titulares del derecho a la alimentación y no como beneficiarias. Además, el Estado debe asumir que tiene obligaciones que no están sujetas a la voluntad política y debe responder por sus actos u omisiones.

La presentación de la segunda parte del informe se realizó junto con las organizaciones sociales Fian México, Unión de Mujeres de Ixtlahuacan; Coa Nutrición; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Unión Popular Valle Gómez.