El Senado recibió el informe que solicitó a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) en torno a lo ocurrido el 11 de febrero de este año en el penal de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, donde como resultado del ataque de un grupo de presos contra otros internos, murieron 48 personas, cinco de ellas calcinadas.

En el reporte que la PGJNL remitió al Senado se detalla que a las 22 horas del día 10 de febrero de este año, dentro del penal “hubo una agresión de internos contra otro grupo rival con el objetivo de privar de la vida a El Credo y a todo integrante de su grupo delictivo, con la finalidad de tomar el control del penal y de las actividades ilícitas en el mismo.

“Esta conducta, evidentemente planeada o premeditada, la encabezaron ocho internos, y dado que hubo superioridad numérica y material, pues era un número mayor de personas los que acompañaban a una docena de reos que llevaban armas punzocortantes, contundentes y material inflamable. Se dirigieron a donde estaba El Credo y aunque trataron de sacar a los internos que lo apoyaban no lo lograron, por lo cual apilaron objetos, les prendieron fuego y con los instrumentos que llevaban privaron de la vida a 48, cuyos cuerpos se encontraron en diversas áreas del Centro de Reinserción Social.”

Se destaca en el documento de 13 cuartillas que se remitió al Senado, que el enfrentamiento se dio porque se aprovecharon las circunstancias que imperaban dentro del centro penitenciario, como era la existencia de grupos antagónicos entre los cuales se daba el comercio de droga y privilegios, así como por la falta de seguridad que ahí imperaba, puesto que los reos podían deambular por todo el lugar, sin ninguna restricción, aunado a que no había candados en las celdas que deberían estar resguardadas y que todo esto propició las acciones que ocasionaron la muerte de 48 personas.

La PGJNL informó que hay 20 internos a los que se les sigue proceso penal por estos hechos y de ellos nueve fueron trasladados a otros penales del país.

Asimismo, se da cuenta de que tres elementos de seguridad del penal se encuentran procesados por abuso de autoridad y homicidio calificado.