Los esfuerzos de México para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas son totalmente insuficientes, muestra de lo cual es que 12 entidades aún no armonizan sus normas con la Ley General contra ese crimen: el castigo a los delincuentes es dramáticamente bajo y no hay suficiencia presupuestal para atender a las víctimas, afirmaron ayer académicos de la cátedra extraordinaria sobre ese tema, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En una conferencia celebrada en Ciudad Universitaria con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora hoy, agregaron que el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en semanas pasadas –en su Informe sobre trata de personas 2016– que el gobierno mexicano sigue sin cumplir los estándares mínimos para la eliminación de este delito, por lo que permanece en el mismo nivel de cumplimiento que hace 15 años.

Llamamos a que este 30 de julio, en que se realizarán actos de los gobiernos federal y estatales, haya una crítica y se ponga atención en que no existe propiamente una campaña de prevención de la trata y de todas las violencias, expusieron.

Nuestra percepción desde la UNAM es que en la medida en que aumentan los procesos de vulnerabilidad de las personas (como pobreza, desigualdad, discriminación y falta de acceso a la justicia), crece la posibilidad de que haya más víctimas de trata en el país. En la medida en que sigamos atrapados en esta impunidad, falta de denuncia y la realidad de una cultura de género violenta, machista y patriarcal, se incrementarán los procesos por los cuales puede haber más víctimas, afirmó Mario Luis Fuentes Alcalá, coordinador de la cátedra.

Este delito, expuso el también integrante la Junta de Gobierno de la UNAM, representa una de las formas más extremas de violencia, porque implica que la víctima ha sido sometida a tratos crueles y degradantes, fracturando sus capacidades para el ejercicio pleno de sus derechos.

En México el número de víctimas es desconocido, pero podrían ser entre 20 mil y 300 mil. Incluso, puntualizó el académico, existe la hipótesis de que muchas de las 28 mil personas reportadas como no localizadas podrían ser víctimas de trata.

La cátedra extraordinaria instó a las 12 entidades faltantes de armonizar sus marcos legislativos con la Ley General en la materia a que hagan un esfuerzo por construir las acciones específicas encaminadas a perseguir este crimen, pues siguen siendo insuficientes, y que en lugar de hechos superficiales, como iluminar edificios públicos, haya un relanzamiento de la campaña integral en su contra, subrayó Fuentes Alcalá.