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Unos 4.9 millones laboran bajo el esquema de outsourcing

Pide el Congreso a la STPS informe sobre derechos de los trabajadores
 
Periódico La Jornada
Lunes 15 de agosto de 2016, p. 20

El Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) un informe sobre la situación actual de los derechos laborales de aproximadamente 4.9 millones de personas que se encuentran bajo el régimen de subcontratación llamado outsourcing.

En un dictamen aprobado por la Comisión Permanente se destaca que el objetivo es evitar la simulación en el cumplimiento de prestaciones y derechos laborales, entre ellos los de seguridad social y crédito para vivienda.

La tercera comisión de la Permanente dictaminó un punto de acuerdo, en el cual se destaca que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha adoptado medidas para contrarrestar los efectos de la creciente tendencia a sustituir el contrato colectivo de trabajo por otros de naturaleza que tienen como finalidad evadir la protección que otorga el Convenio Internacional del Trabajo 158 sobre el término de las relaciones de trabajo y otras normas laborales.

En el texto se indica que en el país existen cerca de 4.9 millones de trabajadores que laboran bajo el esquema de outsourcing y que México ocupa el quinto lugar en la industria de la subcontratación en América Latina, que tiene un valor de mercado de mil 457 millones de dólares anuales.

En el punto de acuerdo se subraya que uno de los objetivos de la reforma laboral de 2012 fue regular la subcontratación, con el objetivo primordial de evitar la evasión de costos fiscales y laborales.

En la propuesta, aprobada por el pleno, se indica que, de acuerdo con especialistas en la materia, “persiste la violación de los derechos de los trabajadores que están contratados bajo la modalidad de outsorcing, afectando primordialmente el aspecto económico de cada uno de ellos.

Aunque la STPS realiza inspecciones a los centros laborales, es necesario que se emprendan campañas sobre los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores que laboran bajo esa modalidad, con el fin de fijar los mecanismos necesarios para evitar que las compañías mantengan prácticas de simulación en el cumplimiento de prestaciones y derechos laborales.