La PGR mantiene abierta una averiguación previa por presunta defraudación fiscal contra los tres magistrados regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), en Sonora, que enfrentan un juicio penal por ordenar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en forma presuntamente ilegal la devolución de pagos por 2 mil 200 millones de pesos a particulares, informaron fuentes de la dependencia federal.

Carlos Miguel Moreno Encinas, Lázaro Figueroa Ruiz y Juan Carlos Encinas Valdez, magistrados de la sala regional del noroeste II del TFJFA en Ciudad Obregón, enfrentan sus procesos en libertad bajo fianza, debido a que los delitos que les imputan no implican la prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, en caso de que la fiscalía de delitos fiscales de la PGR solicite una orden de aprehensión contra alguno de los juzgadores o contra los tres, para que pudieran alcanzar el beneficio de la libertad provisional tendrían que someterse a una medida cautelar y/o a una providencia precautoria que implique el pago de la garantía del interés fiscal, lo que elevaría tres veces el monto de la presunta defraudación fiscal.

El monto de las supuestas defraudaciones fiscales se mantiene bajo reserva, indicaron las fuentes consultadas.

El pasado martes la PGR dio a conocer que María del Rosario Alcántar Trujillo, juez séptima de distrito, dictó auto de formal prisión contra los tres magistrados por delitos contra la administración de la justicia.

Según la dependencia, los magistrados son procesados porque, contra derecho, llevaron a cabo un procedimiento para admitir diversas demandas de nulidad de particulares contra la CFE, para que se les devolvieran pagos efectuados por consumo de energía y que concluyeron en sentencias contrarias a la empresa del Estado.

Las condenas contra la CFE se dieron de manera sumaria, es decir, las resoluciones condenatorias se llevaron a cabo con la participación de un solo magistrado, quien admitió, sustanció y determinó sin que la paraestatal interpusiera algún recurso.

Según la dependencia federal, los pagos reclamados ilegalmente pudieron causar un daño patrimonial al Estado mexicano por aproximadamente 2 mil 200 millones de pesos.