Pachuca, Hgo.

Vecinos de los municipios de Tenango de Doria, Hidalgo, y Pahuatlán, Puebla, anunciaron la integración de un frente contra la construcción del tramo Tuxpan-Tula de un gasoducto que la Comisión Federal de Electrricidad (CFE) construye en la región otomí-tepehua, mediante una filial de TransCanadá, por temor a ser despojados de sus tierras y sufrir afectaciones ambientales.

TransCanadá, mediante Transportadora de Gas Natural Huasteca, ganó en 2015 la licitación, tras presentar una oferta de 297.19 millones de dólares, la más baja de las recibidas por la CFE. La obra transportará gas natural desde el sur de Texas para abastecer a las centrales de generación ubicadas en Veracruz, Puebla e Hidalgo, así como en las regiones centro y occidente del país.

Según un despacho de Reuters, el gasoducto tendrá capacidad de 886 millones de pies cúbicos diarios, longitud de 263 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro. Se pondrá en marcha en diciembre de 2017.

Durante el foro Agua y territorio, convocado por grupos civiles y defensores del ambiente, realizado el sábado en Pachuca, Lucero Cora Clemente, alumna de la Universidad Cultural del Estado de Hidalgo y originaria de Santa Mónica, municipio de Tenango de Doria –en los limites con Puebla y Veracruz– explicó que desde hace meses los vecinos fueron informados del inicio de los trabajos del gasoducto.

“Según el proyecto, la tubería pasará a escasos metros del río Matephé, que nace en el municipio de Necaxa, Puebla, y por localidades de Tenango de Doria. El cauce podría ser contaminado y repercutir en todo el entorno natural de la zona, dijo Cora.

Explicó que a los pobladores de Santa Mónica y San Nicolás, municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, igual que los de Montellano y Pasiotla, de Pahuatlán, Puebla, la empresa les ha dado información escasa y tendenciosa para convencerlos de aceptar el paso de la tubería subterránea.

Érick Abraham Ávalos, vecino de San Miguel Tlaxinca, Valle del Mezquital, informó: La empresa decía que iba a pasar aunque no aceptaramos una indemnización, en algunos casos de 10 mil pesos por derechos durante 25 años.

En algunos lugares la empresa se apropió con engaños de los documentos de los vecinos que los acreditan como legítimos dueños de los terrenos. Les dijeron que les iban a ayudar a regularizarlos, los convencieron de que se los entregaran y ya no se los devolvieron.

Ávalos explicó que en los predios por donde pasa la tubería ya no es posible sembrar árboles frutales, magueyes, nopales y otras plantas típicas. Además ya no se dan cosechas de frijol ni de maíz, pues al remover la tierra, la blanca o salitrosa queda en la superficie, y la negra, que es la que sirve para la agricultura, queda abajo, por lo que esos predios quedan inutilizados para uso agrícola, aseveró.