Pachuca, Hgo.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (Cdheh) emitió dos recomendaciones contra la Procuraduría General de Justicia estatal (Pgjeh) porque policías municipales torturaron a mujeres para obligarlas a declararse culpables de diversos delitos.

El procurador Alejandro Straffon aceptó el domingo pasado la recomendación R-VG-0008-16, derivada de un caso de tortura de 2010, antes de que él asumiera el cargo, pero guardó silencio ante un incidente similar ocurrido el año pasado –cuando ya estaba en funciones–, por el cual la Cdheh giró la recomendación número R-VG-0009-16.

El comunicado de la procuraduría señala que algunos de los involucrados en la recomendación R-VG-0008-16 ya no pertenecen a la Pgjeh y que la tortura de una mujer fue perpetrada durante la gestión del anterior procurador, Alberto Rodríguez Calderón; no obstante, se acatarán los resolutivos del ombudsman, aseguró la procuraduría.

El comunicado no menciona la recomendación R-VG-0009-16, derivada de la queja de una mujer detenida y procesada en el Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala. El 4 de febrero de 2015 la quejosa fue torturada por agentes de la Coordinación de Investigación (también conocida como policía ministerial) para que se declarara culpable de un homicidio.

La denunciante, quien sigue encarcelada en Mixquiahuala, relató que el 4 de febrero del año pasado a las 16 horas agentes de investigación entraron a su domicilio y se la llevaron sin mostrarle documento alguno.

Desde que la subieron al vehículo la golpearon. Cuando llegaron a la agencia del Ministerio Público de Mixquiahuala le cubrieron los ojos con una toalla femenina y una venda, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, la patearon y le advirtieron que si no declaraba cuanto le ordenaran violarían a su hija de nueve años de edad y a sus dos hermanas. Luego la llevaron a otro cuarto, donde le sumergieron la cabeza en un recipiente con agua.

Más tarde la hicieron declararse culpable de un homicidio; la grabaron con un teléfono celular y posteriormente repitió la declaración ante el agente del Ministerio Público de Mixquiahuala.

En la recomendación rechazada se piden sanciones contra dos agentes ministeriales, identificados como AR1 y AR2.

Mientras, la recomendación R-VG-0008-16, aceptada por la procuraduría, se refiere al caso de una mujer que hasta 2015 estuvo presa en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito de Almoloya de Juárez, estado de México, acusada de secuestro.

Según el documento, la mujer fue detenida el 8 de mayo de 2010 por cinco agentes de la policía ministerial, quienes la sacaron de su casa sin orden de aprehensión y la llevaron a una habitación donde fue golpeada, sometida a choques eléctricos y asfixiada con una bolsa de polietileno hasta que, ya estando hospitalizada a causa de la tortura, aceptó firmar hojas de papel en blanco con el escudo nacional impreso, después de que dos agentes le advirtieron que de no hacerlo sus hijos pagarían las consecuencias.