Tijuana, BC.

Transportistas y organizaciones gremiales de esta localidad tramitaron 900 amparos contra la reforma que regula el funcionamiento del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana (Sitt) –similar al Metrobús de la Ciudad de México y cuyas estaciones ya se están construyendo–, porque el reordenamiento y las concesiones sólo beneficiaron a cinco empresas.

La obra costará mil 400 millones de pesos, aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a fondo perdido, por el Banco Mundial, así como por la banca comercial. El alcalde priísta Jorge Astiazarán Orcí quiere inaugurarla antes de concluir su mandato, en noviembre próximo.

Aunque numerosas calles del centro de la ciudad están en obras para las 45 estaciones, el funcionamiento del Sitt está en litigio, y el ayuntamiento no ha conseguido probar al juez cuarto de distrito en materia de amparo, Francisco Caballero, que el 22 de julio de 2015 sesionó el consejo municipal del transporte para sancionar la reforma al reglamento municipal de transporte público.

El jueves pasado venció el plazo de 10 días que el juez concedió al director de vialidad y transporte municipal, José Luis Hernández Silerio, para remitir una copia del acta de dicha sesión. La autoridad no pudo acreditar que se consultaron con el consejo las reformas que regulan el Sitt, también conocido como ruta troncal.

No hubo tal sesión. Estamos ante la violación de la garantía de audiencia para los transportistas representados en ese consejo. El municipio tenía que consultarlos sobre la redistribución de rutas, señaló el abogado Jorge Luis Fuentes, quien tramita los amparos de un grupo de transportistas.

No es posible que el municipio en 10 días no haya encontrado un documento. Y sería una aberración que estuvieran intentando que los consejeros firmen ahora un documento con fecha retroactiva. Si hacen eso vamos a objetar el documento como falso, apuntó.

Explicó que desde el principio el municipio pretende presentar como prueba un oficio según el cual se realizó tal sesión, en lugar de un acta firmada.

El conflicto está ahora en manos de los jueces. Se han presentado alrededor de 900 demandas de amparo individuales y colectivas contra la reforma al reglamento, publicada el pasado 26 de febrero en el Periódico Oficial del Estado. La principal objeción de los dueños de calafias (microbuses), taxis colectivos y otros medios de transporte es que no se les incluyó en la repartición de rutas alimentadoras del Sitt.

Cinco empresas acaparan 89 por ciento de los permisos que entregó el cabildo el pasado 18 de febrero (La Jornada Baja California identificó 759), cuando también aprobó las modificaciones al Reglamento de transporte público a fin de otorgar todas las facultades al Sitt para el manejo del transporte municipal.

Autotransportes de Pasajeros Urbanos y Suburbanos Calafia de Tijuana SA de CV (Rojo y Crema), cuyo consejo de administración preside Arturo Napo Aguirre, es una de las principales beneficiarias de permisos.

El candidato perdedor del Partido Revolucionario Institucional a la diputación del distrito 13 en los pasados comicios, funcionario municipal hasta diciembre de 2015, cuando se estaba haciendo el reparto de permisos, recibió 145 para igual número de vehículos que llevarán pasajeros de las colonias hasta la ruta troncal.

Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana Altisa recibió cuando menos 203 permisos y seis concesiones nuevas; Transporte Urbanos y Suburbanos Tijuana Amarillo y Perla, 157 permisos y cinco concesiones; Transportes Urbanos y Suburbanos Calafia de Baja California, 157 permisos y siete concesiones, y Trasporte Urbano y Suburbano 24 de Febrero, 100 permisos y una concesión.

Los inconformes suspendieron las movilizaciones (mal recibidas por los ciudadanos) y acudieron a cuatro juzgados para presentar amparos. Se dijeron sorprendidos por el alcalde y las autoridades de transporte, pues no se difundió la reforma, que causa perjuicio directo en las rutas establecidas.

Argumentan que las modificaciones contravienen la garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, pues la autoridad excluyó al Consejo Municipal del Transporte (al que los amparados pertenecen) de participar en una reforma que los afecta.

La Ley General del Transporte Público del Estado de Baja California, el Reglamento de transporte público para el municipio de Tijuana y el Reglamento del consejo municipal del transporte estipulan que este último es un órgano de consulta de carácter multisectorial para el estudio, análisis, discusión y evaluación de los problemas del sector, es decir, tiene que conocer y opinar sobre las adecuaciones a la prestación del servicio.

El presidente de dicho consejo, Mario Ortiz Villacorta, es uno de los amparados contra la reforma y el reparto de rutas.