Chilpancingo, Gro.

Al inaugurarse el primer foro estatal Entre el dolor y la esperanza: la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos, en el contexto del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, dirigentes de organizaciones no gubernamentales (ONG) de Guerrero aseguraron que de 2013 a la fecha se han contabilizado al menos 500 desapariciones forzadas en la entidad.

En el acto, realizado en el Congreso local y encabezado por Ricardo Mejía Berdeja, diputado de Movimiento Ciudadano, José Díaz Navarro, uno de los dirigentes del colectivo Siempre Vivos del municipio de Chilapa, sostuvo que los responsables de la desaparición de sus familiares estuvieron en el Congreso estatal y en Casa Guerrero (residencia oficial de los gobernadores); todavía andan sueltos, haciendo daño y causando dolor y muerte a nuestra gente en Chilapa.

Díaz Navarro responsabilizó a Bernardo Ortega Jiménez, ex presidente del Congreso local, y al ex gobernador Rogelio Ortega Martínez de las desapariciones de sus hermanos y paisanos. Consideró que la violencia se desató en Chilapa en 2005, pero lo peor vino a partir de 2013. Tenemos registrados 500 casos de desaparecidos y homicidios, y no hay un solo detenido.

Sostuvo que en Chilapa hay dos grupos de la delincuencia organizada, “uno es Los Rojos, y al otro (Los Ardillos) no lo tocan. El 7 y 8 de julio de 2014 Los Ardillos, de la familia Ortega Jiménez, de Tlanicuilulco (municipio de Quechultenango), tomaron la ciudad sin que la policía interviniera. El 26 de noviembre del mismo año fueron secuestrados cinco familiares míos: mis dos hermanos, mi primo y dos arquitectos, que ni siquiera eran de Guerrero”.

Indicó que sus parientes “fueron decapitados. Aparecieron los cuerpos el 29 de noviembre, pero las cabezas no. Hicimos las denuncias en tiempo y forma, porque la camioneta en donde se llevaron a mis hermanos llevaba un localizador satelital y fue ubicada a tres cuadras de la alcaldía (de Quechultenango). El 26 de noviembre Los Rojos desaparecieron a 11 personas”.

Afirmó que desde el Congreso estatal se planeó la toma de Chilapa, y se ejecutó en Casa Guerrero. El gobernador Rogelio Ortega jamás dio la cara. Le dije que teníamos otro José Luis Abarca (ex alcalde de Iguala implicado en la desaparición de 43 normalistas). Fueron seis días y el gobierno del estado no se dio cuenta, pero el 14 de mayo (de 2015) supuestos policías comunitarios se llevaron a 30 personas, por las cuales 16 familias presentaron denuncia.

En nombre de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014, Mario González lamentó que no se haya activado la comisión de seguimiento del caso designada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual acordó abrir nuevas líneas de investigación instruidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Advirtió que mientras el gobierno federal incumpla, los padres de los normalistas no dialogarán con la Procuraduría General de la República.

En tanto, el académico e investigador Edgardo Buscaglia, recomendó a ONG que buscan a sus desaparecidos aplicar la justicia transicional, que está en manos de la sociedad civil, no del Estado; que rehabiliten o reparen el daño parcialmente. La justicia transicional está formada por miembros de comisiones de la verdad.