n puerta está el denominado Informe de gobierno (el número cuatro de la administración peñanietista), y el inquilino de Los Pinos se verá obligado a ser mucho más creativo (léase más trucos de chistera que nunca para hacer presentar sus logros) que en los anteriores para capear la creciente inconformidad social, los cuestionamientos patronales y la falta de credibilidad de prácticamente todos. Uno de los puntos primordiales es la fragilidad económica y la notoria ausencia de resultados en este renglón, en el que el ministro Videgaray ha sido amo y señor, con los resultados por todos conocidos y padecidos.

¿En qué condición llega la economía nacional al cuarto Informe de gobierno? El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Desarrollo Económico (Idic) obsequia un paseo temático. Va, pues: El crecimiento económico de México se encuentra atrapado por la misma inercia que le ha caracterizado en los últimos 35 años: en el primer semestre del año el incremento promedio fue de sólo 2.5 por ciento, una cifra positiva, pero que muestra los límites estructurales del modelo económico.

Si bien el crecimiento del PIB en lo que va del año es superior al promedio de los primeros cuatro años de gobierno (2 por ciento), y que este último es mayor al registrado en el mismo periodo de las dos administraciones previas, es evidente que tampoco es suficiente para superar lo alcanzado en los sexenios salinista y zedillista, a pesar de que este último ya había enfrentado la crisis de 1995. Lo anterior hace patente que la economía nacional no ha logrado la transformación productiva que se requiere.

El desempeño de la actividad productiva muestra los límites de las reformas estructurales los beneficios esperados no se han convertido en una realidad para la sociedad mexicana. El crecimiento se encuentra limitado por la actividad industrial, algo paradójico para un país exportador de manufacturas. Durante el primer semestre de 2016 la actividad industrial solamente se ha incrementado en 0.7 por ciento y a una tasa promedio de uno por ciento en los primeros cuatro años de la actual administración.

El incremento acumulado del gasto gubernamental y la deuda pública (3.4 billones de pesos adicionales entre diciembre de 2012 y junio de 2016) no tuvieron un impacto productivo. La razón es que la variación promedio del valor agregado del sector público nacional fue negativo (-0.5 por ciento) en los dos primeros años). Como referencia debe citarse que la del sector privado fue de 2.3 por ciento.

Lo anterior muestra que si bien el gobierno ha logrado incrementar su recaudación tributaria, ello no inciden en un mayor crecimiento económico del país: su impacto positivo es nulo, o incluso negativo. El sector industrial es uno de los más afectados, la recesión que vive la minería, la desaceleración de las manufacturas y el lento crecimiento de la construcción, que además tuvo un desempeño negativo en los dos primeros años del sexenio, explican parte del débil crecimiento económico de México.

Lo descrito ha influido en una nueva reducción en la prospectiva de crecimiento del propio gobierno federal; ahora espera entre 2 y 2.6 por ciento. En el Idic mantenemos nuestro escenario de entre 1.5 y 2.3 por ciento. El menor crecimiento, junto con el incremento en las tasas de interés y de la deuda ha propiciado la advertencia de importantes grupos financieros (Standard and Poor´s y Moody’s) sobre una potencial reducción de su calificación a la deuda del gobierno y de la propia banca privada.

Esto último representa una evaluación implícita sobre los efectos de las reformas hacendaria y la financiera: no han generado el impacto positivo suficiente para que la evaluación de las calificadoras sea positiva. Con ello, los fundamentos de la estabilidad macroeconómica también deben ser revisados, el aumento de deuda es un riesgo que se debe considerar pero también la evolución de la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés.

En el primer caso es evidente que los precios al consumidor se encuentran, de acuerdo con la medición oficial, dentro de objetico el Banco de México. Sin embargo, eso no ocurre en el caso del índice nacional de precios productor (INPP): la inflación por el lado de la oferta es de casi 8 por ciento y en varios rubros de la manufactura supera 10 por ciento.

La razón se encuentra en la depreciación del tipo de cambio y en la dependencia que la industria tiene de la importación de bienes intermedios: en 2016, el consumo de bienes intermedios importados es del 75 por ciento del total. Por ello, la depreciación del peso encarece la producción en México, sin favorecer una mayor exportación. La reducción en el reporte del crecimiento de Estados Unidos en el segundo trimestre (1.1 por ciento) indica que las exportaciones de México no se elevarán en los próximos meses; hasta julio han retrocedido (-5.7 por ciento), donde las de manufacturas lo han hecho en -3.9 por ciento. Como resultado se tiene un déficit comercial acumulado de 8 mil 900 millones de dólares.

La inversión productiva también se desacelera. Hasta mayo su crecimiento fue de solamente 0.9 por ciento. Algo similar ocurrió con la inversión extranjera directa. Entre enero y junio su monto de 14 .4 mil millones de dólares, mil 800 millones inferior a la de mismo periodo de 2015. También la inversión en cartera pierde fuerza: los 7 mil 400 millones de dólares del primer semestre resultan 11 mil 600 millones menos que lo registrado en igual periodo del año previo. Lo anterior permite entender la depreciación del peso.

De igual forma se puede comprender la razón de que si bien hay una baja en la tasa de desocupación esta no se traduce en un mayor bienestar social: el número de personas que gana más de cinco salarios mínimos ronda los 3 millones de personas; en 2005 eran 4.4 millones. La misma situación ha fomentado la creación de ocupación y empleo de bajos ingresos, por primera vez en la última década ocho millones de mexicanos se encuentran en dicha situación, 1.8 millones más que en 2005. En función de lo descrito será relevante conocer cuáles serán las nuevas directrices de política económica (si las hay, desde luego), porque es evidente que a México le urge un mayor crecimiento.

Las rebanadas del pastel

La Secretaría de Hacienda concretó la contratación de coberturas petroleras para 2017, a un precio de 42 dólares por barril. Para ello deberá pagar más de 37 mil millones de pesos, de tal suerte que la única esperanza es que no salga más caro el caldo que las albóndigas… Y el dólar arrancó semana en 18.92 masacrados pesitos.

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