Buenos Aires.

La Confederación General Empresaria de Argentina (CGERA) que representa a diez mil Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), presentó una acción de amparo contra el tarifazo del gas, después que la Corte Suprema de Justicia falló sólo en favor de los usuarios residenciales, mientras que nuevos datos indican que la pobreza en el país aumentó a casi 34 por ciento y la indigencia supera los ocho puntos.

Para Argentina, las cifras de este mes de agosto en todos los rubros se comparan en varios casos a lo que antecedió a la grave crisis que estalló en 2001.

La CGERA agrupa más de 60 Cámaras y Federaciones de todo el país entre sectores industriales como Manufacturas del Cuero, Indumentaria, Curtiembres, Exportadores pymes, de la Carne, Electrónicos, Radiodifusores, Ópticos, , Fabricantes de Tintas Gráficas, Metalúrgicos, Insumos textiles y otros importantes rubros de producción, que están seriamente afectados.

Más de 25 por ciento de comercios han cerrado sus puertas desde que Macri asumió el gobierno en diciembre de 2015.

La noche de este jueves en el populoso barrio de Villa Crespo comerciantes y vecinos realizaron un ruidazo ante el cierre de varios comercios de la zona, por la imposibilidad de mantenerlos.

No sólo la CGERA acudió a la justicia contra el incremento de 500 por ciento de la tarifa de gas, sino que también lo hizo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal, para frenar los aumentos que afectan gravemente a usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país.

En ambos casos la presentación se hizo ante juzgados en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires.

En el escrito esta entidad interpuso amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Energía y Minería) y contra el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS).

Comercios e industrias representan casi tres cuartas partes del consumo y las cámaras empresariales solicitan continuar con los cuadros tarifarios anteriores a abril de este año. La CAME explicó que el amparo apunta a: declarar la nulidad y, en su caso, invalidez constitucional, de las Resoluciones que imponen el esquema de incremento del servicio público del gas, y todo otro aumento dispuesto en los cuadros tarifarios.

También pidió a la Justicia que se ordene a las demandadas abstenerse de requerir el cobro de las facturas correspondientes al cuadro tarifario impugnado.

Hay una serie de amparos en todo el país y funcionarios gubernamentales se adelantaron a pedir a la Corte Suprema que no vote en favor de usuarios y empresas que se presenten a pedir la anulación del brutal aumento de la luz. Teatros, cines, hoteles advierten que deberán cerrar sus puertas ante la imposibilidad de pagar los extraordinarios aumentos. Sin embargo, funcionarios del gobierno del presidente Mauricio Macri afirman que a pesar de la audiencia pública que se celebrará el 16 de septiembre próximo, mantendrán los aumentos, lo que disparó la tensión en las últimas horas, mientras se preparan varias marchas para los próximos días.

La pobreza en aumento

En tanto, la pobreza volvió a crecer en los meses de mayo y junio de acuerdo al último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Instituto de Economía Popular (IndEP) y llega a 33.91 por ciento, cuando en noviembre del año pasado estaba en 19.82.

Esta violenta caída de las condiciones de vida, producto de la devaluación, la suba de los precios y de la pérdida de puestos de trabajo fue más acentuada en el conglomerado del Gran Buenos Aires, donde según el estudio llega ya al 36.31 por ciento de la población, mientras que en la región Pampeana alcanza 28.53 por ciento. Para hacer la medición, los investigadores tomaron a estas dos regiones que, sumadas, abarcan a 20 millones de personas, es decir que si bien no es una medición nacional se le acerca bastante, señala Laura Vales en Página 12.

El nivel de indigencia para la misma área también subió a 8.73 por ciento y tuvo un agravamiento en el mes de junio. Hay casi cinco millones de personas que hoy son pobres en el conurbano bonaerense y no son necesariamente desocupados. Un hogar tipo en el que el jefe o jefa de familia perciba el salario mínimo vital y móvil, que hoy es de seis mil 810 pesos, está lejos de poder sacar la cabeza por encima de la línea de pobreza, que requiere ingresos por once mil 680 pesos. Sólo lo alcanza para que una familia tipo no sea indigente, pero no para que no sea pobre.

La indigencia sufrió un incremento de 22 por ciento en seis meses. En el Gran Buenos Aires, al finalizar el mandato del gobierno anterior la indigencia alcanzaba 5.71 por ciento. En mayo y junio alcanzó finalmente 8.73 por ciento actual,pero sigue avanzando debido a que el gobierno continuó con los despidos , a la vez e que el cierre de comercios, industrias, la disminución abrupta del consumo, en este mes de agosto dejará nuevas cifras de pobreza.

Los nuevos datos sobre pobreza, indigencia y vulnerabilidad confirman el preocupante deterioro de la situación social. Si se suman las tres franjas, lo que se ve es que más de 40 por ciento de la población del Gran Buenos Aires está atravesando dificultades para sostener un piso mínimo de condiciones de vida. En la región pampeana, los afectados llegan a 32 por ciento. El promedio indica que están en condiciones de vulnerabilidad, pobreza o indigencia 38 de cada cien habitante, señala Vales.