Los tribunales laborales actuales son, junto con los agrarios, los más atrasados del país. Cada juicio tarda de tres a cinco años en resolverse y el rezago es enorme, ‘‘histórico’’. Cada abogado de las juntas federales de conciliación y arbitraje atiende en este momento 200 casos individuales.

‘‘¿Qué empresa, despacho o institución puede generar justicia con ese número tan grande de asuntos al mismo tiempo?’’, advirtió el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, durante una reunión con senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a los que pidió aprobar la iniciativa sobre justicia cotidiana en materia laboral que el presidente Enrique Peña Nieto remitió en abril pasado al Senado.

Se trata de una reforma a los artículos 123 y 103 constitucionales para modificar a fondo la impartición de justicia en el ámbito laboral, ya que elimina a las juntas de conciliación y arbitraje y deja la resolución de conflictos obrero-patronales en manos del Poder Judicial.

Es un cambio imprescindible a fin de lograr justicia pronta y expedita, ‘‘no para una parte de los patrones o de los sindicatos, sino para todos los trabajadores’’ del país, resaltó el funcionario en ese encuentro con los priístas. Les dijo que las juntas de conciliación las establecieron los constituyentes de 1916-17, pero ese esquema ‘‘no funciona ya en el siglo XXI’’.

En ese encuentro privado con los senadores priístas –el martes pasado, en la plenaria del PRI en Ixtapan de la Sal– Navarrete formuló una crítica a los tribunales laborales. Las juntas de conciliación ‘‘son al final tribunales de casación, por lo que sus resoluciones siempre van a terminar en el Poder Judicial, que a través de un amparo las regresa o cambia, pero no resuelven de fondo’’.

Las juntas han crecido empíricamente en función de las cargas de trabajo. Así, en 1994 había 15 juntas para 8.3 millones de trabajadores y en este 2016 hay 66 para 51 millones de ocupados, ya que la población es cada vez mayor y los conflictos laborales individuales crecieron en 73 por ciento.

A julio de 2016, de los 436 mil 794 asuntos individuales atendidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 42 por ciento se encontraban en su etapa inicial, es decir, apenas la presentación de la demanda, proceso en el que el tribunal invierte más tiempo y más trabajo.

El titular de la Secretaría del Trabajo recalcó que pese al incremento de personal en las juntas, no es suficiente, a lo que se suma la disminución del presupuesto y la falta de tecnologías. ‘‘En 2011 había 2 mil 19 plazas en la junta; cada abogado atendía 185 asuntos individuales y en este momento cada servidor público atiende casi 200 casos individuales. Esa es la realidad de las juntas. ¿Cuánto personal tendríamos que proporcionarles bajo esa lógica para que tuvieran un estándar mínimo?’’

Insistió en que la duración de los juicios es larga y perjudica a trabajadores y patrones, entre otros factores, porque no hay límite legal para diferir las audiencias, que en el 60 por ciento de los casos se posponen, ya que al patrón le conviene ‘‘engordar el asunto’’, que al final concilia ‘‘y le sale más barato’’.

A ello se suma que 68 por ciento de los laudos son corregidos por el Poder Judicial. Adicionalmente, la mitad de los asuntos de la junta no son laborales, sino de seguridad social. ‘‘Contra lo que están peleando es curiosamente contra órganos del Estado. El Instituto Mexicano del Seguro Social es el que tiene mayor número de juicios, después las Afores, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores’’.

Ello ‘‘porque la lógica del Estado es no reconocer que pudieron haber tenido un acto arbitrario y subsanarlo de inmediato’’.