s imposible entender cómo es que el gobierno de Guerrero incluye en su discurso de todos los días el compromiso de combatir incansablemente la inseguridad cuando, en los hechos, el que dirige el programa encargado de atacarlo y el que destina los recursos es el gobierno federal.

Nadie cree ya en las vigorosas declaraciones gubernamentales, vengan del nivel que sea, de que la criminalidad va a la baja; tampoco las que dicen que terminará la inseguridad, pues a la mitad del actual gobierno federal no se ven avances: cinco de los 50 municipios del país donde más homicidios dolosos se cometen están en Guerrero.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha prometido en sus visitas a la entidad que en Guerrero se acabará con la delincuencia como se hizo en Michoacán; no obstante, hasta ahora no hay indicios que permitan confiar en ese discurso.

Ni el gobierno estatal ni el ayuntamiento de Acapulco tienen mayor participación en el programa de seguridad, pues el primero solamente aporta policías que van a la zaga de las fuerzas federales en sus recorridos por las calles, y la participación del segundo prácticamente pasa inadvertida.

Estado y municipio forman parte del Grupo de Coordinación Guerrero, que maneja el plan de seguridad, pero quienes toman las decisiones son representantes del gobierno federal; luego entonces, unos y otros no pueden comprometerse a dar algo que no tienen. Y los resultados, traducidos en sangre y violencia todos los días, transmiten un mensaje muy claro: ningún nivel de gobierno puede o quiere reducir el problema.

Así, en tanto la administración estatal reconoce la gravedad de la situación y se compromete cada día a combatir con dureza la violencia, la municipal insiste en demandar que se cambien las estrategias porque las actuales son inoperantes.

El tiempo pasa, los compromisos electorales no arrojan cumplimientos y los periodos gubernamentales se reducen día a día, sin que la población vislumbre siquiera la posibilidad de que la tranquilidad vuelva a Guerrero.