Berna.

El electorado de Suiza dio luz verde, por clara mayoría, a aumentar los poderes del servicio secreto del país para incrementar su vigilancia sobre la población, al tiempo que rechazó un aumento de las pensiones y un modelo económico sostenible, en un referendo celebrado este domingo.

Según el resultado final, 65.5 por ciento de los participantes en la consulta popular, a la que estaban convocados unos 5 millones de ciudadanos, votaron a favor de una nueva ley de los servicios secretos que permitirá en algunos casos realizar escuchas telefónicas, poner micrófonos en viviendas o espiar computadoras. La entrada en vigor está prevista para el 1º de septiembre de 2017.

La votación giraba en torno a una ley aprobada en 2015 por el Parlamento sobre una nueva regulación de los servicios secretos para luchar contra el terrorismo. Para acceder a la esfera privada de los ciudadanos se requerían órdenes de organismos del gobierno y del principal tribunal administrativo del país.

En Suiza la esfera privada se considera un derecho importante. Los partidos de izquierda pidieron un referendo sobre la ley para poder frenarla. Los críticos advierten que se puede infringir la privacidad del ciudadano y que socava la neutralidad suiza si se permite al servicio secreto colaborar con agencias extranjeras.

Pero sus defensores alegan que en vista de la amenaza que supone la milicia del Estado Islámico y otros grupos considerados criminales, el servicio secreto debe disponer de todos los medios disponibles para detectar y frustrar atentados.

En otra cuestión que se votó, 63.6 por ciento de votantes dijeron no a una iniciativa del Partido Verde para restructurar la economía a un modelo sostenible y ecológico. Los impulsores pretendían que Suiza dispusiera antes de 2050 de un sistema económico que apueste por los productos de larga duración y que recicle los residuos como materias primas.

La presidenta de los Verdes, Regula Rytz, lamentó el no al proyecto. Suiza ha desperdiciado una oportunidad de convertirse en un líder mundial de la restructuración ecológica de su economía.

Y en el tercer aspecto del referendo 59.4 por ciento votó contra la iniciativa sindical de aumentar las pensiones 10 por ciento unos 200 francos (184 euros). Se trata de una clara señal contra una medida no financiable, señaló el presidente de los empresarios, Valentin Vogt.