La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó el dictamen de la iniciativa que decreta amnistía en favor de las personas que fueron detenidas, procesadas, sentenciadas o tienen orden de aprehensión por delitos que se les imputaron en el ejercicio del derecho a la libre manifestación durante las protestas que se realizaron en la Ciudad de México entre el primero de diciembre de 2012 y el mismo día y mes de 2015.

El dictamen se someterá a votación del pleno en la sesión prevista para este miércoles, donde ya aparece dentro de la orden del día.

El Partido Acción Nacional (PAN) logró insertar modificaciones al dictamen, como suprimir el delito de robo, que estaba en el texto original junto con los de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, sabotaje y sedición.

Otra de las observaciones del blanquiazul introducidas en el dictamen implicaría que las personas que busquen acogerse al decreto tendrían que demostrar que fueron indebidamente detenidas y procesadas, aunque la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Beatriz Olivares Pinal explicó que, de entrada, beneficiaría a todas aquellas cuyos expedientes están incluidos dentro de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), que son alrededor de un centenar.

El dictamen indica de hecho que la comisión legislativa deberá establecer un vínculo con la CDHDF, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, las entidades públicas relacionadas y las personas que fueron privadas de su libertad, que estuvieron en prisión preventiva, detenidas y sentenciadas, así como aquellas que fueron lesionadas y con familiares de quienes fallecieron sin resarcimiento de justicia ni reparación del daño.

El titular de la comisión, Luciano Jimeno Huanosta, de la coalición parlamentaria Nueva Alianza/PT/Humanista, descartó que el dictamen de la iniciativa impulsada por Morena en octubre de 2015 enfrente objeciones en el pleno, pues se aprobó por mayoría.

Se presentará además en la sesión de hoy una iniciativa de reforma al Código Penal para derogar los artículos 287 y 362 sobre los delitos de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública.

Si bien Morena expuso ya una iniciativa, explicó que pedirá en este caso que sea la Comisión de Derechos Humanos que preside la que encabece la dictaminación, no la de Procuración y Administración de Justicia, cuyo presidente es Israel Betanzos Cortés, del PRI, quien propone una iniciativa para el delito de ataques a la paz pública, pero para incrementar la pena hasta en 30 años.