Tras 18 años de interponer amparos, realizar mítines y plantones e incluso ser encarcelados por introducirse a los sótanos de la Secretaría de Gobernación (SG), donde –según su versión– se escondían cientos de documentos que acreditaban su trabajo en Estados Unidos, ex braceros lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera su caso y esperan que el próximo día 26 emita una resolución que obligue al gobierno a pagar los ahorros generados entre 1942 y 1964.

‘‘Esperamos que los magistrados nos hagan justicia. No peleamos por un capricho, sino por un asunto de justicia; muchos de los ex braceros no tienen para comer y carecen de servicios médicos’’, asentaron Guillermina Herrera, Pablo Robles, Cesarea Pérez y Bernardo Santana, integrantes de la Coordinadora Nacional en Defensa de los Ex Braceros.

Porfirio Martínez, abogado de la agrupación, expuso que la segunda sala de la SCJN analiza los expedientes 362/16 y 366/16 del caso, el cual ampara a 5 mil 600 ex braceros cuyas edades oscilan entre los 70 y 90 años, así como de sus viudas e hijos que reclaman se les entreguen los recursos generados por su participación en el programa bracero que pactaron México y Estados Unidos en los años citados.

Explicó que el 29 de febrero de este año, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, juez segunda de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, concedió el amparo a esos 5 mil 600 ex braceros, pero el presidente Enrique Peña Nieto interpuso un recurso de revisión que fue turnado al decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Días antes de que éste resolviera, la SCJN, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), atrajo el caso.

Los ex braceros y sus familiares esperan que se les paguen los ahorros más los intereses que corresponden a cada uno. ‘‘No aventuramos nada; esperamos que la SCJN honre su nombre y emita una resolución que haga cumplir con lo establecido en el artículo 5 de la Constitución, el cual señala que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, y las disposiciones previstas en la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, de la que México es parte’’.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los integrantes de la agrupación apuntaron que de acuerdo con un estudio de la Universidad de Zacatecas en torno a los 4 millones 600 mil ex braceros que participaron en el citado programa, el gobierno mexicano tiene un adeudo con ellos por más de 5 billones de pesos.

‘‘No peleamos por un negocio, sino por un derecho; lo importante es que éste se ha reconocido y que continuar negándoselos es un atropello. Este caso es el de un muerto destapado’’, acotaron.