Toluca, Méx.

Ante el aumento de la delincuencia en 25 municipios mexiquenses, los gobiernos federal y estatal aplicaron una nueva estrategia con apoyo del Ejército Mexicano, la Armada de México y la Policía Federal. Las autoridades acordaron dar tratamiento especial a ocho municipios ubicados entre los 50 más violentos del país y a dos centros turísticos.

Desde este miércoles, soldados patrullan las calles de Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Tecámac, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, considerados prioritarios por el número de asesinatos que se han cometido en meses recientes.

En tanto, la Marina vigilará, entre otros, los municipios de Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo, visitados por miles de turistas los fines de semana y donde incluso el presidente Enrique Peña Nieto suele descansar.

El secretario general de Gobierno de la entidad, José Manzur Quiroga, reveló que las 40 bases de operaciones mixtas (BOM) de la entidad serán reubicadas en zonas donde aumentaron los delitos de alto impacto, y el lunes 16 bases comenzarán a trabajar en esas 25 demarcaciones.

Las fuerzas federales tendrán presencia en Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Lerma, La Paz, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Santiago Tianguistenco, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco, Valle de Bravo y Zumpango.

A estos municipios fueron acreditados 3 mil elementos del Ejército, la Marina y la Gendarmería de la Policía Federal. El número de efectivos en cada localidad será diferente.

Esta es la tercera vez que se realizan operaciones especiales en ayuntamientos mexiquenses. En abril de 2013 llegaron fuerzas federales para contener la violencia en el sur del estado y el Valle de México; en 2014 acudieron a Ecatepec y Nezahualcóyotl para contrarrestar el crimen organizado; para 2015 operaban 76 bases en la entidad.

Durante su informe de labores, el gobernador Eruviel Ávila Villegas reconoció que la inseguridad seguía siendo un pendiente de su administración.