La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados determinó ayer que el análisis de los 352 solicitudes de juicio político presentadas a lo largo de 13 años se realizará de forma cronológica. De esta manera, las demandas contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como de ex mandatarios del PRI y del PAN acusados de incurrir en actos de corrupción, y contra el ex procurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, se dejaron para el final.

Tras la primera sesión de trabajo de la instancia legislativa, la diputada priísta Mercedes Guillén Vicente manifestó que por ley el análisis de las querellas debe ser en función del orden en que se presentaron, mientras el PRD alertó sobre el riesgo de que el PRI agote los tiempos para que expiren las denuncias, que en su mayoría son contra integrantes de ese instituto político.

Guillén Vicente, integrante de la subcomisión como presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, también advirtió que hay muchos procesos solicitados que ya han prescrito. El juicio político solamente se puede intentar en el tiempo en que el funcionario ocupa el cargo y un año después de haberlo dejado, por lo que realizarán consultas jurídicas al respecto, dijo.

En la lista hay casos de ex gobernadores como el de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien concluyó su gestión en septiembre del año pasado, o de ex presidentes de la República, como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Vicente Fox, cuyo sexenios concluyeron años atrás. También figuran ex funcionarios, ex legisladores, ministros y magistrados de todos las filiaciones políticas.

El perredista Rafael Hernández Soriano señaló que los legisladores priístas están planteando que la revisión de las solicitudes se haga en orden cronológico, y eso desde luego sería controlar la impunidad, porque cuando revisemos el caso más cercano, seguramente habrá prescrito.

Sin definir fechas, la Subcomisión de Examen Previo acordó ordenar y sistematizar la atención de las denuncias en dos etapas, para atender el rezago de 10 años. En la primera se verán los asuntos correspondientes a las legislaturas 59, 60 y 61, que comprenden de 2003 a los primeros meses 2012. Y la segunda, una vez agotada la primera, los de las legislaturas 62 y 63, relativo a la segunda mitad de 2012 hasta el presente.

En cuanto a las denuncias consideradas notoriamente improcedentes, se determinó que se resolverán en un mismo acto.

También se estableció que la subcomisión se apoyará de una secretaría técnica para analizar las conductas y elaborar los proyectos de dictamen correspondientes.