La herencia de Javier Duarte en Veracruz es una entidad cuyas finanzas –según apuntan todos los indicios– fueron saqueadas al punto de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió 47 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), que involucran presunto daño patrimonial conjunto de casi 12 mil millones de pesos. En paralelo, sus finanzas están muy comprometidas con una deuda pública de 45 mil millones pero que, contabilizando otros adeudos, ronda los 100 mil millones.

El flanco administrativo no es lo único. Los niveles de violencia en la entidad han repuntado con fuerte presencia del crimen organizado: en agosto se reportaron 296 homicidios, que la colocan como la entidad más violenta del país; ocupa el segundo lugar en la desaparición de personas y desde hace rato es el estado más peligroso para el ejercicio del periodismo.

Paralelamente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado al menos 33 empresas fachadas a las que el gobierno veracruzano ha otorgado contratos por un monto superior a los 3 mil 300 millones de pesos. Todo ello en un contexto en el que empresarios reclaman adeudos gubernamentales, la Universidad Veracruzana denuncia la retención de partidas que le correspondían por 2 mil 470 millones de pesos y personas de la tercera edad han padecido incumplimiento de pagos.

En el plano político, la abierta confrontación con su inminente sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes, augura una compleja transición, como ya se ha esbozado en el intenso intercambio público de acusaciones entre Duarte de Ochoa y Yunes Linares, con un común denominador: la corrupción de la que se acusan ambos.

Las irregularidades le han abierto varios frentes, entre los cuales destacan las cuentas pendientes con la ASF y las indagatorias del SAT sobre sus operaciones.

La revisión de las cuentas públicas de 2011 a 2014 involucran observaciones de la Auditoría Superior a Duarte por un monto de 35 mil millones de pesos, de los cuales hay 18 mil 232 millones pendientes de recuperar o aclarar y de lo que se desprenden 11 mil 897 millones donde la auditoría presume daño patrimonial.

Se trata de 47 denuncias penales promovidas ante la Procuraduría General de la República (PGR) tan sólo de los primeros tres años de Duarte –2014 aún está en plazo de solventación–, que abarcan irregularidades en múltiples partidas: seguridad pública, educación básica, pago de pensiones, apoyos al sector educativo, desvíos en el sector salud y al DIF estatal, partidas del Seguro Popular y medio ambiente, entre los múltiples renglones con irregularidades detectadas.

Ante los emplazamientos de la ASF al gobierno del estado, éste ha respondido en muchas ocasiones con simulación de reintegros al despositar recursos presumiblemente para resarcir desviaciones de partidas para, una vez verificado el reintegro de recursos, retirarlos de las cuentas. El saldo: 18 de las denuncias penales de la Auditoría Superior se asocian a simulación de reintegros.

El desglose anual de las denuncias penales reporta que de los presuntos ilícitos cometidos en 2011 por la administración de Duarte, estaban involucrados 3 mil 657 millones de pesos; de 2012 se desprenden denuncias que en-globan daño patrimonial por 4 mil 421 millones, y de 2013 la suma asciende a 3 mil 817 millones de pesos. Aún quedarán pendientes los últimos tres años del sexenio, cuando más han aflorado las denuncias por corrupción.

Veracruz es una de las entidades más violentas del país, donde en los años recientes se ha elevado la incidencia de los delitos calificados dee alto impacto: homicidios dolosos, secuestros, desapariciones y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos. Durante el sexenio de Duarte se registraron 4 mil 510 homicidios dolosos y 586 secuestros, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), con un repunte en 2016, donde hasta agosto se habían registrado 716 asesinatos.

Veracruz es también la entidad con mayor riesgo para periodistas, pues según la organización Artículo 19 se habían cometido 15 asesinatos y 3 desapariciones de comunicadores. De enero a julio de este año murieron en hechos violentos tres periodistas: Pedro Tamayo, de El Piñero de la Cuenca; Manuel Torres, de Noticias MT, y Anabel Flores, colaboradora de El Sol de Orizaba. Por ello, Veracruz es considerada por Artículo 19 la más mortífera. El más reciente informe de la Secretaría de Gobernación (SG) indica que están bajo la protección del mecanismo de protección federal 180 periodistas.

Respecto del problema de los desaparecidos (episodios investigados por la PGR, ante la gravedad de las circunstancias) la entidad ocupa el segundo sitio, con 186 expedientes; es decir, uno de cada cinco desaparecidos en el país se registra en Veracruz.

Asfixiante deuda

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la evolución de la deuda pública estatal, el incremento del endeudamiento bajo la gestión de Duarte duplicó el monto. En 2010 la deuda era de 21 mil 500 millones de pesos, la cual se disparó a 45 mil milloness, ubicándose sólo por debajo de la Ciudad de México y el estado de México.

No obstante, las reservas del sistema estatal están prácticamente en cero y se han agotado las reservas de 5 mil millones de pesos, por lo que el pago a pensionados está en riesgo; la confrontación con la Universidad Veracruzana se asocia a los 2 mil 470 millones de pesos retenidos o desviados, más los recursos involucrados en fideicomisos, para superar los 100 mil millones de pesos.