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De nuestras Jornadas

El sindicalismo universitario frente a la crisis y el recorte de derechos

A

nte el conflicto actual en la máxima casa de estudios del estado, los sindicatos tienen enormes retos, y por lo visto, pocas capacidades para enfrontarlos. En la década de 1990, el gobierno federal cambió sus políticas de financiamiento a las instituciones de educación superior: no más recursos vía contractual (colectiva), sino por esquemas individualizados, por méritos previamente definidos, concursados y de proyecto específico, lo cual significa promoción laboral por fuera de los sindicatos. Poco a poco esto ha ido convirtiendo el sindicalismo en elemento prescindible o insignificante para los propios trabajadores académicos. Es justamente lo que ha pasado en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Pero ahora el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) encara un desafío mayor: la posibilidad de impago de los salarios y la presión de costos de lo que aún queda de derechos contractuales. La política federal exige a las universidades presentar planes de austeridad, lo cual equivale a que disminuyan sus gastos y corten funciones y derechos. Pero si encogen sus capacidades, ¿cómo podrán expandir su potencial?

El comportamiento de los sindicatos es localista. No vemos al Spauaz ni al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Stuaz) haciendo redes con organismos gremiales pares, ni fortaleciendo su presencia social, ni siquiera construyendo unidad entre sus agremiados. Los retos son grandes y las capacidades cortas.

La coyuntura concreta de la actual retención es especial porque se trata no sólo de prestaciones, sino del propio salario. Algo sin precedentes. Ante este escenario, lo mínimo es activar a las bases de docentes y la unidad sindical. El problema de falta de recursos afecta a todo el sector educativo, no sólo a la UAZ, y sin embargo, no aprovechan esa oportunidad para crear un frente de varios sindicatos. Esta sorprendente pasividad es un factor que ahora mismo merma el poder de defensa de los derechos laborales de los universitarios.