Por decisión unánime, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó anoche de manera definitiva a Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz, de las filas del partido, al considerarlo persona non grata por violar el código de ética partidista y falta de probidad como funcionario público.

El senador Arturo Zamora Jiménez, vocero de la comisión, señaló que se trata de una decisión histórica por ser el primer mandatario expulsado del tricolor. Duarte de Ochoa es prófugo de la justicia desde la semana pasada, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra por ser presunto responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

‘‘Es una persona que no merece estar dentro del PRI; con su comportamiento violó el código de ética y con su mal desempeño como gobernador de Veracruz desacató las disposiciones de justicia partidaria y afectó derechos e intereses de militantes, así como de nuestro propio partido’’, señaló Zamora Jiménez en conferencia de prensa.

La comisión ‘‘ha llegado a la determinación de que el ex gobernador está reprobado, porque no aprueba como funcionario que cumpla con las leyes de responsabilidades, ni con la ética de desempeño de la función pública’’, señaló.

La expulsión de Duarte de las filas del PRI se dio ayer por la tarde, después de que el mandatario con licencia faltó a la audiencia de pruebas y alegatos a que fue convocado ante la instancia priísta a las 13 horas. Tampoco presentó escrito de contestación a las impugnaciones que hicieron en su contra los consejeros nacionales Armando Barajas y César Mora, quienes solicitaron su expulsión del partido, cuyo término venció el pasado viernes.

Con esas faltas, el veracruzano perdió sus derechos de audiencia y de defensa ante la instancia priísta, la cual, como había anunciado la semana pasada, actuó con la inmediatez requerida en este caso.

En sus alegatos, Armando Barajas expuso que Duarte incurrió en una serie de violaciones flagrantes a los estatutos priístas, como es el no aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estuvieron bajo su responsabilidad.

Además, incumplió con abstenerse de emplear, por cualquier medio, recursos físicos, financieros o humanos provenientes del patrimonio estatal en sus distintos niveles, y haber recibido ‘‘apoyos financieros de personas con patrimonio de dudosa procedencia’’.

Arturo Zamora explicó que para determinar la expulsión de Duarte, con base en el artículo 227 de los estatutos, tomaron en consideración los delitos que se le imputan y las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el desvío de recursos en que habría incurrido. ‘‘Como partido, no estamos encubriendo a nadie; estamos tomando las decisiones que establece nuestro código de ética’’, manifestó.

Duarte perdió todos sus derechos como militante, será retirado del padrón del PRI –de lo cual se informará al Instituto Nacional Electoral en su momento– y está impedido para reafiliarse.

El veracruzano está acusado por la PGR de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita por más de 350 millones de pesos. Adquirió inmuebles y creó empresas fachada –hasta ahora se han detectado 34– para ‘‘ocultar’’ los recursos públicos que desvío con la creación de una red, por la cual fueron denunciadas ocho personas más.

Zamora recordó que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria integra procedimientos contra más ex gobernadores –César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo, y Rodrigo Medina, de Nuevo León.

Ayer por la tarde corrió el rumor de que la comisión tuvo audiencias con personajes ligados a Duarte, lo cual no pudo comprobarse. Uno de los mencionados, a partir de la exhibición de una fotografía, fue José Antonio Chara Mansur, ex tesorero del gobierno estatal, acusado de ser uno de los prestanombres del mandatario con licencia. En el PRI, sin embargo, se aseguró que se trataba de un trabajador del partido.