El juzgado octavo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, declaró inconstitucional una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que busque y entregue toda la información que posea respecto del número de fosas clandestinas halladas entre 1960 a 2015, así como la cantidad de averiguaciones previas integradas al respecto.

El juez Fernando Silva García concedió el amparo 1464/2015 a una organización civil, la cual promovió un juicio de amparo en contra de la resolución del Inai, RDA 2490/15, en la cual apoyó que la PGR declarara que ‘‘la información era reservada, porque su difusión guarda relación con la integración de las averiguaciones previas y su publicidad afectaría las actividades del Ministerio Público de la Federación y, con ello, las tácticas y líneas de investigación respectivas’’.

El juzgador concedió la protección de la justicia federal por considerar que la divulgación de la información solicitada no representa un riesgo real e identificable a las investigaciones, puesto que se trata de información cuantitativa, del número de fosas halladas y de los resultados de las averiguaciones previas, lo cual no corresponde a datos ‘‘sensibles’’.