El dinero para la alerta de violencia de género en el estado de México es una cifra oculta. Las autoridades justifican el dispendio en carteles con números de emergencia y patrullas que permanecen estacionadas afuera de los ayuntamientos, aseveró ayer Xóchitl Arzola Vargas, de la organización Mujeres en Cadena.

A un año tres meses de que el gobierno federal decretó la alerta, no ha funcionado, porque no hay voluntad de los tres niveles de gobierno, acusó en entrevista. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), citó, van 220 feminicidios en 2016. Nueve más de los que sumaban a estas fechas de 2015.

La medida no ha traído cambios sustanciales, continuó. Los 11 municipios en los que se declaró la alerta siguen siendo los más peligrosos para las mujeres, sostuvo. Además, pidió que se extienda a las 125 localidades del estado.

Los asesinatos continúan al alza, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) ha clasificado sólo 57 como feminicidios, de acuerdo con la activista. El resto los tiene mal catalogados, como homicidios dolosos o suicidios. O bien, los considera casos cerrados sin tener a un culpable.

Ni el gobierno federal, estatal o municipal han informado cuánto presupuesto destinaron para la alerta, insistió. En el caso de Ecatepec, el que lleva más feminicidios este año recibió 200 mil millones de pesos más que el anterior, afirmó. Pero no sabemos qué tanto ocupó para ese fin.

En cambio, dijo, se sabe que aportó para la construcción del teleférico, a pesar de que es una obra del estado. Ésas son sus prioridades, no los feminicidios, apuntó. Y para edificar la estación en San Andrés Cañada retiraron una delegación del Consejo Estatal de la Mujer y el Bienestar Social (Cemybs), que se localizaba en ese lugar, denunció.

El gobierno municipal adquirió una camioneta que utiliza como unidad móvil de atención a la violencia de género, pero la mayor parte del tiempo está estacionada afuera del ayuntamiento. Y cuando la ocupan para patrullar lo hacen las policías de tránsito.

El problema con la alerta de violencia de género es su aplicación, consideró. Por escrito suena muy bien: prevenir, capacitar a los funcionarios, actuar con perspectiva de género, pero no sucede en la realidad.

Los policías, médicos legistas, peritos, jueces y agentes del ministerio púbico siguen revictimizando a las mujeres asesinadas por su forma de vestir o por andar sola en la calle, por ser adolescente y salir de fiesta. Además, deploró, el trato que reciben las familias de las víctimas es denigrante.