Los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debutarán hoy con un problema adicional al que enfrentaron sus antecesores: falta de certidumbre jurídica y de legitimidad por la extensión de las gestiones de cuatro de ellos en un proceso que será impugnado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ello coincidieron juristas y politólogos, quienes además añadieron como dificultades la sobrecarga de trabajo rumbo a las elecciones de 2018, debido al creciente activismo judicial, la generación de certeza jurídica con criterios más uniformes en sus sentencias y la aplicación de medidas de transparencia y austeridad, dada la imagen de derroche y opacidad que persiguió hasta el final a los seis magistrados que dejaron ayer sus oficinas.

Para Luis Daniel Vázquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es un grave error la extensión de los periodos de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez, de seis a ocho años, así como los de José Luis Vargas e Indalfer Infante, de tres a siete años.

‘‘Creo que PAN, PRD y PRI están previendo una elección difícil en 2018, donde probablemente cambie la integración del Congreso y frente a este posible cambio prefieren mantener el control del TEPJF durante el total de la legislatura, 2018- 2021, y posponer posibles cambios hasta 2023’’.

Planteó que será un órgano con problemas de origen en la formación y en la construcción de su legitimidad como árbitro electoral, y la forma como se procesó muestra a ‘‘una clase política que no ha entendido la relevancia de los órganos autónomos y sigue pensando en cómo controlarlos, cuando debieran funcionar justo al revés. Y si tienen la mala suerte de que la elección de 2018 quede tan cerrada que no haya más de un punto de diferencia, lograr que todas las parten acepten’’.

A su vez, Alejandro Madrazo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas y doctor en derecho por la Universidad de Yale, señaló que estos cambios, que desprestigian a la institución, se hicieron en lo oscurito. ‘‘Los jueces deben ser y parecer imparciales. Lo que hacen al redefinir reglas del juego nos está diciendo que son muy parciales y que los nombres sí importan’’, expresó.

Entrevistado antes de que se consumara la extensión de los periodos de cuatro magistrados, el abogado Arturo Espinosa Silic, estudioso de las sentencias del tribunal, señaló que será fundamental que haya criterios más uniformes, estándares probatorios para poder aplicar a los dirigentes casos que se presenten y se genere certeza jurídica a quienes acuden a la justicia electoral.

Consideró que siempre habrá gente cercana a los partidos en este tipo de órganos, porque para ser magistrado se necesita el apoyo partidista, pero el punto es qué tanto en su trabajo garantizan su independencia. Desde su perspectiva, falta en el tribunal mayor apertura y transparencia de cómo es el manejo del presupuesto que recibe, en particular el gasto de los magistrados.

Hizo ver que en la prensa nunca coinciden los sueldos de los magistrados, porque ‘‘nadie tiene claro cuál es el real. Alguien maneja 400 mil pesos, otros 500 mil y si se revisa la información en la página del tribunal, no se entiende exactamente cuánto ganan’’.