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El ministro asegura que no son indiferentes a la defensa de los derechos humanos

Aguilar Morales encara las críticas a las actuaciones de los jueces federales

Destacó la realización de seminarios jurisdiccionales para elementos de las fuerzas armadas

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El ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, rindió su segundo informe de labores. El acto fue encabezado por el presidente Enrique Peña NietoFoto Carlos Ramos Mamahua
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de diciembre de 2016, p. 10

Luego de destacar la realización de seminarios jurisdiccionales para elementos de las fuerzas armadas y el apoyo de los titulares de la Defensa Nacional y de Marina para su aplicación, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, subrayó el interés de ambos por lograr que las cosas no sólo se hagan con más eficiencia, sino que se hagan mejor, con apego a la ley, para que entre todos logremos un combate a la delincuencia real, completo, satisfactorio y con respecto a los derechos humanos de todos, de los acusados al igual que de las víctimas y los ofendidos y de toda la sociedad.

El sistema penal no depende únicamente de los jueces; todos, como partes integrantes de ese gran sistema, somos responsables de hacer bien la tarea, correctamente, lo que significa que hay que cumplir la ley y respetar sin excepción y sin excusas, los derechos fundamentales de toda persona, si es que realmente se toman en serio.

Al rendir ayer su segundo informe de labores, el ministro presidente salió al paso de las críticas sobre la actuación de los jueces federales en defensa de los derechos humanos al afirmar: “no somos indiferentes a la problemática del país ni evadimos nuestras responsabilidades. Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas: no es opcional, no podemos eludirlo.

A pesar de lo que la opinión pública o los medios señalen, nadie es culpable sino hasta que se demuestre, siguiendo el debido proceso legal y hasta que exista sentencia firme, inmodificable de un juez competente que así lo determine, aseveró y agregó que, al igual que todos, exigimos el respeto a los derecho sin distinción, como jueces es nuestra tarea y obligación velar por la existencia real y efectiva del estado de derecho.

Ante la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, de los integrantes del gabinete de seguridad –entre ellos, los secretarios Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón Sanz–, integrantes del gabinete y representantes del Congreso, entre otros–, Aguilar Morales cuestionó que resulta paradójico que incluso aquellos que impulsaron la reforma constitucional de 2011 ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla.

Si los jueces somos criticados por cumplir la Constitución, lo tomaremos como un cumplido, sostuvo, tras señalar que no podemos, no debemos estar enfrentados; hay que estar juntos, trabajar en equipo, conforme a las responsabilidades propias de cada uno.

Sin mencionar el nombre del juez federal asesinado en octubre pasado (Vicente Antonio Bermúdez Zacarías), dijo que este homicidio es agraviante, y censuró que se especule con ello y se afirme lo que no se ha demostrado.

Agregó que desde hace años, el Poder Judicial de la Federación tiene en marcha protocolos de seguridad de los juzgadores y sus familias. Actualmente, a 79 jueces y magistrados (poco menos de 10 por ciento del total) se les ha dotado de seguridad especial.

En otro orden dijo que es un mito y una consigna mal intencionada que el Consejo de la Judicatura Federal no sanciona a los malos servidores públicos. Nada es más erróneo y equivocado, sostuvo; cualquier funcionario corrupto es absolutamente intolerable, repugnante y aborrecible.

Informó que en el año reciente, de los 63 funcionarios del Poder Judicial Federal sancionados, 11 son magistrados de circuito, 14 jueces de distrito y de estos, dos fueron destituidos de su cargo.

En otro orden, ante los representantes del Congreso de la Unión (los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Javier Edmundo Bolaños Aguilar y Pablo Escudero Morales, respectivamente), hizo un llamado a hacer una reflexión impostergable para revisar la ley y las competencias en materia de legalidad de la Suprema Corte, explicables en el contexto de hace más de 20 años, pero desfasadas a la luz de una nueva realidad social.

Argumentó que en los años recientes se incrementó la cantidad de asuntos que ingresaron a la Corte, al pasar de 4 mil 460 en 2009 a 16 mil 139 en 2016.

Al cumplirse el próximo año el centenario de la Constitución, Aguilar hizo un llamado a que hagamos, siempre unidos, el gran anhelo del pueblo de México para ser grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra.