Recientemente incorporados como nuevos sujetos obligados con la reforma en transparencia, los sindicatos han avanzado lentamente en el cumplimiento de sus obligaciones de ley. Si bien en su gran mayoría –de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)– hay disposición a acatar las disposiciones. Sin embargo, hay casos excepcionales, como el sindicato petrolero, reacios a la apertura, que han acudido a subterfugios legales para no entregar la información.

El Inai ha contactado a 132 sindicatos que reciben recursos públicos de dependencias federales y que, bajo la nueva legislación, están obligados a transparentar, de los cuales 60 han iniciado la capacitación del personal de sus comités de transparencia. La comisionada Patricia Kurczyn reconoció la complejidad que tienen por la dualidad de recursos que manejan –cuotas sindicales y recursos públicos–, de los cuales sólo en este último caso deben reportar.

Las dificultades que ha tenido con la Plataforma Nacional de Transparencia y la problemática específica de los sindicatos, han motivado que sea hasta mayo de 2017, cuando deban cumplir con difundir información sobre: contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; directorio del comité ejecutivo; padrón de socios y la relación detallada de los recursos públicos, económicos y en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.