a Ley de Seguridad Interior va. Ayer, el Congreso de la Unión mostró una peculiar celeridad para atender los reclamos ciudadanos contra el aumento a las gasolinas, pero no en el sentido que éstos demandan, dar reversa a dicha alza, sino en la pavimentación del camino jurídico para que las fuerzas armadas puedan intervenir abiertamente en casos de protestas sociales o movilizaciones populares que afecten al sistema (como las que se han producido por todo el país en estos primeros días del año).

Es significativo el acomedimiento de órganos legislativos federales para trabajar de manera conjunta y veloz en el procesamiento de las iniciativas relacionadas con el tema. Desde diciembre del año pasado, personajes relevantes de las cámaras de Diputados y de Senadores habían prometido al general Salvador Cienfuegos Zepeda y al almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, respectivamente) que sus necesidades de adecuación legal serían atendidas de manera satisfactoria.

Tras el beneplácito de las bancadas priístas estaba la instrucción precisa de Los Pinos para dar a los militares el marco legal que demandan para seguir adelante con las faenas que durante una década han realizado fuera de ese encuadre, en un contexto de discrecionalidad e ilegalidad que preocupa a los jefes de los soldados y los marinos por cuanto sus acciones, con mucha frecuencia excesivas, violatorias de derechos humanos y causantes de muertes en general, ejecuciones, tortura y otros delitos, puedan ser denunciadas ante organismos internacionales, con capacidad jurisdiccional para imponer castigos a esas fuerzas armadas y, en especial, a sus responsables institucionales.

Ayer, para reiterar la postura de Los Pinos, estuvo con las comisiones legislativas unidas el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, el expansivo Humberto Castillejos Cervantes, quien, al igual que el coordinador de los diputados priístas, el mexiquense César Camacho Quiroz, difunde la generosa versión de que, en realidad, los necesitados de esa ley de seguridad interior son los ciudadanos, y no tanto los militares. Esa tentativa de justificación está hermanada con el argumento esgrimido por el peñismo respecto del gasolinazo: según esa interpretación, los mexicanos deberían estar agradecidos de que con ese mayor desembolso por las gasolinas les sean sostenidos programas sociales que de otra manera no se podrían financiar. Respecto de la militarización legalizada del país, la coartada pretende hacer creer que con la nueva ley habrá menos abusos y delitos, pues las fuerzas armadas estarán reguladas. ¡Gracias, san Enrique de Los Pinos, por (tantos) favores recibidos!

En todo caso, en febrero deberá estar todo listo para la aprobación mayoritaria de esa ley. En el curso del presente mes habrá audiencias diversas (en alguna de ellas participarán expresamente los representantes de los militares) para cumplir con el formato de la consulta a los interesados. En términos políticos, será un triunfo nervudo de los militares, en la única salida explícita al foro político que han realizado los jefes de esas fuerzas desde la institucionalización posrevolucionaria. Nunca se había visto a un secretario de la Defensa Nacional en abierta presión al Poder Legislativo y con independencia declarativa respecto del Poder Ejecutivo, dejando incluso una sensación, no diluida hasta ahora, de que el quepí de cuatro estrellas amenazaba al de cinco estrellas con dejar botado el patrullaje nacional, relacionado con el crimen organizado, si no se le concedía la exigencia del marco jurídico adecuado.

Los actos de vandalismo inducido que se produjeron en el entorno del desbordamiento de la protesta popular contra el gasolinazo habrán servido de acicate a legisladores y gobernantes para acelerar el proceso de aprobación de esa ley que permitirá legalmente la intervención abierta de Ejército y Marina en el sofocamiento de actos que alteren la seguridad nacional. Como si toda esa parte, de los saqueos y la delictividad desatada, hubiese sido parte de un libreto provocado.

Hoy, Donald Trump tiene programada una conferencia de prensa. La vulnerabilidad de México es tal, que ese hecho informativo genera angustia económica, a tal grado que la paridad cambiaria llegó a poco más de 22 pesos por dólar, en un máximo histórico que parece destinado a ser rebasado en poco tiempo si se materializan los peores escenarios en la relación con el vecino país. El Banco Mundial, por su parte, predice una desaceleración económica en México durante el año en curso, que sólo permitirá un crecimiento de 1.7 por ciento. Ah, pero el representante de Trump en México, Luis Videgaray Caso, ha dicho que el jefe Donald es un hombre de diálogo y negociación. También dijo el organizador de la electoral alfombra roja a Trump en Los Pinos que volvería a hacer el numerito, pero con mejor preparación.

Una lectora aportó su respuesta a la pregunta peñista de ¿qué hubieran hecho ustedes?: “no desarrollaría programas como el de inclusión digital, entre cuyos propósitos está promover la equidad y que, en la realidad, sólo favoreció a 22 entidades dentro de las que no se encuentran las más pobres y con los más bajos indicadores educativos como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. No debemos pensar mal y creer que esa marginación intencionada tiene un tono político. Mucho menos si ese programa, ya evaluado por la Presidencia de la República, no funcionó en el sentido de mejorar la calidad educativa y hoy se va a replantear para habilitar aulas digitales en las escuelas primarias, cesando la entrega de tablets. Por supuesto este programa fallido, como casi todo lo que tiene que ver con la ‘reforma educativa’ al estilo Margaret Thatcher, que aún no ha concluido en México, sirvió para generar grandes ganancias a los proveedores de equipos y permisos para el uso de redes y aplicaciones. Todavía le quedan a Peña (Trump, antes Thatcher) dos años... y ¿a nuestro país? ¿Cuánto oxígeno le resta?” ¡Hasta mañana!

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