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Expertos exigen una reforma profunda al sistema penitenciario

Van 115 muertos por la violencia en penales de Brasil desde que empezó el año
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Reclusos a punto de ser transferidos de la prisión de Baldomero Cavalcanti de Oliveira, en Maceió, a un nuevo penal de máxima seguridad en el vecino municipio de Girau do Ponciano, en el nororiental estado brasileño de Alagoas. La medida intenta frenar la ola violenta en cárceles del país que ha provocado más de un centenar de muertos en sólo dos semanasFoto Afp/Sindicato de agentes penitenciarios
Afp
 
Periódico La Jornada
Martes 17 de enero de 2017, p. 21

Natal, Brasil.

Las autoridades de penales brasileños enfrentan desde los primeros días del año motines carcelarios, atroces ajustes de cuentas entre presos de bandas de narcotraficantes y fugas espectaculares, en una guerra que ya ha dejado al menos 115 muertos.

Poco después de que la policía controló la rebelión que concluyó con 26 reclusos brutalmente asesinados este fin de semana en Natal, en el estado de Río Grande del Norte, decenas de presos ocuparon durante horas el desvencijado techo de este centro penitenciario que, como muchos en Brasil, opera corroído por la superpoblación y la ley de las bandas.

Pasado el mediodía, policías y miembros del Grupo de Operaciones Especiales ingresaron al penal, rodeado de dunas, y los presos descendieron a los pabellones. Los agentes dijeron que tenían la misión de sacar del presidio a cinco presuntos líderes de la rebelión y, tras negociaciones con miembros de su organización criminal, en la tarde lograron trasladarlos en un gran convoy entre aplausos de presos de la facción rival, constataron periodistas de la agencia Afp.

La mayoría de los internos de Alcacuz se encaramaron en el techo durante la noche, después de que los policías abandonaron la cárcel al estimar controlada la rebelión de 14 horas, que derivó en la tercera matanza del año en una cárcel brasileña.

No hay pausa en la guerra feroz entre el Primer comando de la capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando vermelho (CV) de Río de Janeiro, los dos mayores grupos criminales del país.

Con el dominio del narcotráfico en el estratégico mercado brasileño en juego, las prisiones se convirtieron en el centro de una batalla por ahora descontrolada y donde ningún ataque queda sin respuesta.

Desde que el Comando vermelho y sus aliados de la Familia del norte dieron el primer golpe el pasado 1º de enero en Manaos, la tensión fraguada durante meses en los presidios de todo el país se hizo insostenible.

Aquella noche, 56 reclusos fueron ejecutados en la segunda mayor matanza en una cárcel de Brasil. La mayoría eran miembros del PCC, cuyo afán por controlar todas las rutas del narcotráfico del país había roto en junio su frágil equilibrio con el Comando vermelho.

La ostentación de la violencia y la ferocidad de los asesinatos en la capital de Amazonas se repitieron cuatro días después, en la matanza de Roraima, que concluyó con la muerte de 33 internos.

El sábado por la tarde, la llama prendió en Natal, cuando reos del PCC y del Sindicato del crimen –grupo disidente del PPC nacido en las prisiones de Río Grande del Norte– lograron salir de sus pabellones para enfrentarse salvajemente en este penal, con capacidad para 620 reclusos, pero que alberga a mil 83.

La mayoría de los internos muertos en esta prisión, que tenía las rejas de las celdas arrancadas desde un motín en 2015, eran miembros de la facción local, más cercana al Comando vermelho, según la prensa brasileña.

A los casi cien presos que siguen prófugos desde el motín en Manaos, se sumaron este domingo una veintena en Curitiba, en un goteo constante que lleva semanas disparado.

Para tratar de contener la crisis, el gobierno de Michel Temer anunció la construcción de nuevas prisiones en todos los estados, así como medidas de modernización. La semana pasada, además, desplegó 200 efectivos de la Fuerza Nacional en Amazonas y Roraima luego de las dos matanzas carcelarias.

Las soluciones son insuficientes para muchos expertos que exigen una reforma profunda del sistema que alberga a la cuarta población carcelaria más alta del mundo, y donde la tasa de ocupación de las cárceles es de 167 por ciento.