En votación dividida (tres a dos), la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer la venta de comida y bebidas chatarra en los planteles de educación superior, con el argumento de que prohibirlo viola la libertad de comercio, además de que los estudiantes de este nivel ya son adultos y, por tanto, están en condiciones de elegir qué comer.

Con el voto en contra de Fernando Franco y Margarita Luna Ramos, la sala dio la razón a la empresa embotelladora Del Fuerte SA de CV, productora y distribuidora de bebidas como Coca Cola, Powerade, Fuze Tea y Frutsi, al desestimar el argumento de las Secretarías de Educación y de Salud que pretendían hacer prevalecer el derecho a la salud –con la intención de reducir la ingesta de alimentos con alto valor calorífico que incrementan los niveles de obesidad y otras enfermedades– por encima del derecho a la libertad de comercio.

La decisión permitirá a la empresa quejosa vender comida y bebida chatarra, única y exclusivamente en instituciones de educación superior.

En el entendido de que si el plantel comparte instalaciones, aulas, lugares de recreo, esparcimiento, ejercicio o cualquier otro tipo de espacio con lugares a los que tengan acceso alumnos de educación prescolar, primaria, secundaria o media superior, entonces serán plenamente aplicables las restricciones y prohibiciones contenidas en el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional y su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2014.

La mayoría integrada por Eduardo Medina Mora, Javier Laynez y Alberto Gelacio Pérez Dayán sostuvo que la ley no debe incidir en la libertad que tiene un adulto para comprar un producto que está dentro del comercio y es lícito.

Franco y Luna Ramos daban la razón a las autoridades educativas y de salud al señalar que debido al grave problema de obesidad y diabetes que afronta el país, por el alto consumo de refrescos, el Estado mexicano está obligado a procurar la salud de toda la población, no sólo de los menores de edad que cursan en los plantes de educación básica y media superior.