21 de enero de 2017     Número 112

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Bolivia

Avances en la política descolonizadora

Carlos Vacaflores y Pilar Lizárraga Investigadores de la Comunidad de Estudios Jaina y doctorantes del programa de Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco  vacaflores.carlos67@gmail.com

A inicios del 2016 se produjo, en Bolivia, la derrota de la opción por el sí en el referéndum nacional para modificar la Constitución Política del Estado (CPE) que permitiría al presidente Evo Morales postularse nuevamente en las elecciones nacionales para presidente, y con esta derrota, la oposición política exalta y magnifica una interpretación triunfalista que le atribuye no sólo una victoria premonitoria, sino que esta derrota estaría marcando el fin del ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder.

Desde su ascenso al poder en 2006, impulsado por la potencia de los pueblos y las naciones indígenas sublevadas, el discurso del MAS describía un escenario político de irreversibilidad en el cambio político que había experimentado Bolivia. “Bolivia nunca más será la misma”, se solía decir con una convicción irrefutable; sin embargo, la derrota en el referéndum hizo tambalear esta convicción, y tuvo el efecto adicional de potenciar el discurso de la oposición conservadora que siempre mantuvo la posición de que el Estado plurinacional es un error y una falacia histórica.

Concluyendo el 2016, las fuerzas políticas aglutinadas en torno al MAS llegaron a la conclusión de que es su decisión volver a intentar la repostulación democrática de Evo Morales, lo cual generó una reacción rabiosa de la derecha boliviana, que ya tenía descontado su retorno al poder con un Evo Morales fuera de carrera, y exigió el cumplimiento de los resultados del referéndum como cosa juzgada e irreversible. Acusó al MAS de antidemocrático por intentar esta jugada, en una conveniente interpretación de democracia como alternancia de fuerzas políticas en el poder, bajo amenaza de reactivar la convulsión social en el país si esto no se hace como exigen.

Sin embargo, las organizaciones sociales que sustentan el poder político del MAS, reunidas en congreso nacional en diciembre, manifestaron que los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos llegaron para quedarse y que, de ahora en adelante, ya no serán más inquilinos en su propia tierra.

La lectura de los movimientos indígenas es que el referéndum estuvo deslealmente bombardeado con información falsa, algo no aceptable en un contexto democrático, por tanto legítimamente revisable, y por otro lado, que los ciclos que han logrado imponer el sistema de despojo, destrucción y explotación de los pueblos indígenas se estructuran más allá de las alternancias temporales de la democracia electoral instaurada por el pacto social entre elites coloniales, y que 500 años de despojo no se revierten en diez años de gobierno, por lo que aún falta mucho para construir el Estado plurinacional comunitario, y esta es una tarea política que requiere más tiempo del que están dispuestas a transar las elites coloniales conservadoras y reaccionarias.

La oposición política sustenta su demanda en la “constatación” de los hechos de corrupción que supuestamente abundan en el gobierno del MAS –lo cual es objeto de otro análisis–, arrastrando el discurso al campo de la valoración de eficiencia administrativa del gobierno del Estado republicano heredado por el MAS, con tanta eficacia que los propios movimientos sociales fueron absorbidos por esta forma de entender su paso por el gobierno, y ya antes de llevar a cabo el referéndum había una cierta sensación de concesión resignada hacia una forma de administración corrupta del Estado como una vía inevitable de ejercicio del poder, tanto así que el discurso de la derecha sobre el proyecto fallido del Estado plurinacional comenzó a ser considerado como evidencia de vigencia implícita con efecto práctico en el diseño de política pública.

Los resultados del referéndum, si bien fueron una derrota formal en urnas, se cuestionan en su legitimidad por el uso de estrategias desleales y mentirosas, y sirvieron para reflexionar sobre el sentido el poder y su ejercicio gubernamental, de manera que en el imaginario de los pueblos se re-elabora el sentido histórico de su lucha: la descolonización y no sólo la administración eficiente del Estado republicano, un Estado de paso construido para consolidar y perpetuar el despojo, la marginación y explotación del indígena colonizado.

En este sentido, la alternancia política empieza nuevamente a ser entendida, desde los ciclos extensos del proceso de construcción colonial, en el sentido de tomar el control del territorio para construir otra forma estatal, con otro contenido de sujeto histórico, y encarar un proceso de construcción de otro tipo de sociedad, economía y Estado.

Es un proyecto político que desplaza de la centralidad colonial a las clases dominantes mestizo-criollas, que no las excluye pero las ubica en otros roles no dominantes, y construye una nueva centralidad política en el sujeto descolonizador articulado en la identidad india en explosión reconstituyente, constitucionalmente definido como indígena originario campesino. De ahí que la clase dominante criollo-mestiza que entiende perfectamente la peligrosidad de este proyecto político, reacciona y trata de llevar el debate al campo discursivo de la modernidad colonial de la alternancia de partidos políticos, fuera del ámbito de la reconstitución de los pueblos indios.

Hay que acotar que en esta disputa la oposición política fue muy efectiva, y desde el inicio mismo del proceso de cambio tuvo la capacidad de sembrar la duda sobre el proyecto estatal plurinacional, aportante de abundantes y permanentes “evidencias” de su fracaso, con la ayuda estratégica de los medios de comunicación de su propiedad y sistemáticas campañas internacionales muy bien articuladas desde el imperio, que centraron su estrategia en la idea de la corrupción, una debilidad evidente y muy destructiva dentro del proyecto descolonizador.

Por esa razón la decisión política de ratificar la repostulación de Evo Morales puede ser considerada como un retorno a la perspectiva descolonizadora, porque obliga al sujeto histórico a verse en su verdadera condición colonial, y construir los argumentos políticos desde esa condición, desde su propia construcción histórica para disputar su proyecto político descolonizador. Demás está decir que esta decisión enardece a la clase colonial dominante, incapaz de tolerar a la indiada sublevada e insolente que le quiere enseñar democracia.

Esta naturaleza de la disputa política estuvo presente de forma permanente en la configuración de la política pública, de manera que los esfuerzos para construir e implementar instrumentos de política pública orientados a potenciar al sujeto histórico de este proyecto político, los indígenas, originarios y campesinos, fueron sistemáticamente minados y boicoteados por la visión conservadora, incrustada también dentro del propio gobierno del MAS, de manera que los avances en este sentido son verdaderos logros que son necesarios de visualizar.

En la Bolivia Plurinacional hay avances concretos fundamentales para la reconstitución del sujeto histórico indígena originario campesino (IOC): inicialmente, la reconducción comunitaria de la ley de tierras, que permitió titular una gran cantidad de tierra a favor de pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, base crucial para la reconstitución espacial del sujeto comunitario. Luego, la pluralidad y el pluralismo insertos en la nueva Constitución Política del Estado, que visibiliza explícitamente a los pueblos y naciones IOC en su dimensión societal y que es la base fundamental para abrir otros horizontes de la lucha social, fuera de los marcos de la modernidad occidental.

El pluralismo aplicado al ámbito de la economía permitió implementar en primera instancia un mecanismo financiero a escala nacional destinado específicamente a potenciar al sujeto IOC, conocido como Fondo Indígena, cuya aplicación atraviesa dificultades sumamente críticas dados los resultados modestos y problemas de corrupción que llevaron a varios líderes indígenas y campesinos a la cárcel. El futuro de este fondo por el momento es incierto, ya que su administración pasó a manos de una instancia del Estado republicano moderno, el municipio, con lo cual su naturaleza comunitaria queda coartada. Sin embargo, el horizonte descolonial inscrito en la CPE deja, a diferencia del pasado, un espacio para la disputa social y la construcción del sentido comunitario de la economía en su aplicación directa al sujeto indígena originario campesino.

Por suerte se tiene un ejemplo exitoso de aplicación de una política financiera para el potenciamiento económico del sujeto comunitario, y ese es el programa de transferencias directas a las comunidades campesinas e indígenas del departamento de Tarija, conocido como Prosol, cuya aplicación logró visualizar al sujeto comunitario, aglutinarlo en torno a un proyecto político de redistribución del poder sobre bases descoloniales. Por supuesto, este programa fue atacado con todo por la oligarquía regional, logrando frenar su funcionamiento después de ocho años de aplicación, y su continuidad está en duda, aunque la organización campesina tarijeña está movilizada en su defensa.

Otro logro importante es la objetivización jurídica del sujeto IOC en un cuerpo de leyes vinculadas a las políticas de desarrollo económico, como es la Ley de Revolución Productiva Comunitaria, que reconoce al sujeto económico comunitario, en la figura de la Organización Económica Comunitaria (Oecom), con base en la cual los pueblos y naciones IOC disputan la asignación de presupuesto e institucionalidad pública, con resultados insuficientes, pero justamente esa condición ha llevado a debatir el sentido de lo comunitario, por ahora secuestrado por la burocracia republicana que controla la aplicación de la política pública desde esa concepción estatal.

Finalmente, la pluralidad nacional se expresa en la posibilidad de reconstruir territorios autónomos donde se pueden reconstituir los pueblos y naciones, bajo la figura constitucional de la Autonomía Indígena Originaria Campesina, cuya implementación ya se ha echado a rodar con la aprobación de las Autonomías IOC de Raqaypampa, en tierras altas, y de Charagua en tierras bajas, y muchas más en proceso de construcción desde la disputa del sujeto IOC para hacer valer ese derecho constitucional, como el caso de los campesinos de Tarija, que han definido crear el municipio campesino de Cercado sobre la jurisdicción territorial de las comunidades campesinas del actual municipio de Tarija.

Todo esto nos lleva a la conclusión que el debate sobre la política pública y el desarrollo campesino es, en el contexto de formación colonial de nuestros países, un debate por las vías de reconstitución de los pueblos y naciones IOC, y como reconstitución implica reposición de lo usurpado. La política pública se ha visibilizado como el espacio de aplicación de estrategias de reconstitución del sujeto comunitario, o bien como la aplicación de estrategias para evitar esta rearticulación societal del sujeto comunitario, es decir, una administración de la institucionalidad colonial trasmutada en institución moderno-republicana.

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