21 de enero de 2017     Número 112

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
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Suplemento Informativo de La Jornada

Uruguay

El campo en la disputa de su proyecto

Matías Carámbula Profesor agregado en Sociología Rural, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay  mcarambula@fagro.edu.uy

El campo uruguayo ha sido definido desde la formación escolar como levemente ondulado, con clima templado y régimen de lluvias de aproximadamente mil 200 milímetros anuales con grandes variaciones interanuales; de verdes y extensas praderas asociadas al bioma pampa, y con la figura del gaucho, el ganado y el caballo como elementos identitarios de la historia poscolonial y no tanto de nuestro país.

Durante la etapa denominada de modernización, que abarcó temporalmente el final del siglo XIX y principios del XX, se consolidaron identidades que han recorrido nuestra historia y que nos diferencian de gran parte de Latinoamérica. Por un lado, a mediados del siglo XIX se promovió desde el gobierno el exterminio de los pueblos originarios (charrúas, entre otros), generando las bases para un proceso de apropiación del territorio por parte de criollos y migrantes europeos. Por otro lado y de manera posterior, con el alambramiento de los campos se consolidaron dos procesos centrales en la historia agraria uruguaya. El primero, la delimitación de la propiedad privada (se estima en más de 90 por ciento de la superficie), que agotó tempranamente la frontera agrícola y estableció la estancia ganadera como unidad económica y social. El segundo, el temprano establecimiento de relaciones salariales en el medio rural, que tuvo como consecuencia la expulsión de población excedente y los consecuentes procesos de migración hacia los centros urbanos.

El marco actual en el cual se analiza el campo uruguayo es producto de un ciclo de políticas de 11 años de gobierno de la coalición de izquierdas (Frente Amplio) que conduce el país luego de una crisis social y económica sin antecedentes en el país. Crisis producto del fracaso pronosticado de políticas neoliberales aplicada en la región y en nuestro país que cerraron su ciclo en 2004. A partir de este momento, la recuperación económica se funda desde la base agropecuaria, con la exportación de commodities, la carne, la celulosa, el arroz, los lácteos y la soja. Este último es el cultivo simbólico e identitario del modelo del agronegocio contemporáneo. Para graficar el mismo, en 2000 se sembraba menos de 20 mil hectáreas de soja, mientras que en la más reciente zafra agrícola se sembraron cerca de un millón 500 mil hectáreas, casi diez por ciento de la superficie agropecuaria del país.

El gobierno del Frente Amplio ha sostenido un modelo de crecimiento y desarrollo basado en una política de distribución de la renta sectorial, que por medio del salario o de las cargas tributarias e impositivas, promueve un modelo de mayor justicia social. Como resultado se ha registrado una disminución significativa de la pobreza rural (del 35 al 11 por ciento, aproximadamente), se ha incrementado el volumen y el ingreso de divisas por las exportaciones del sector agropecuario/agroindustrial, se ha generado una diversificación de mercados y se han incrementado la tasas de inversión extranjera, redundando todo ello en el incremento del producto interno bruto nacional y sectorial (seis por ciento anual en el periodo 2004-2011).

Según el Censo Agropecuario (2011) la producción de alimentos, fibras y granos, se desarrolla con 44 mil 890 explotaciones agropecuarias, las cuales ocupan 16 millones 200 mil hectáreas, con una superficie promedio por explotación de 361 hectáreas. La ganadería vacuna genera el principal ingreso a 49 por ciento de las explotaciones agropecuarias y ocupa 65 por ciento de la superficie agropecuaria del país. La misma imagen del año 2000 mostraba que la explotaciones agropecuarias sumaban 57 mil 131, la superficie promedio era de 287 hectáreas y la misma imagen para el año 1956 mostraba que la explotaciones eran 89 mil 130 y la superficie promedio era de 188 hectáreas.

Es decir los relatos contemporáneos deben enmarcarse en un proceso de apertura comercial y políticas de corte liberal que fue iniciado en la mitad el siglo XX, generando una disminución en el número de productores (familiares) y una aguda concentración en el uso y acceso a la tierra. Según el más reciente Censo de Población y Vivienda (2011) solamente cinco por ciento de la población de Uruguay vive en el medio rural, así pues la imagen de la concentración y exclusión también se refiere a los habitantes.

A esta imagen, de un modelo concentrador y excluyente, se le agrega una segunda imagen, que es la de un modelo de desarrollo trasnacional y anónimo. Con información que brinda la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA, 2014), es posible mostrar que uno de los cambios estructurales más importantes durante el periodo intercensal 2000-2011 es el cambio en propiedad de la tierra. Allí se devela que cerca de siete millones de hectáreas (43 por ciento de la superficie agrícola del país) fue comprada por Sociedades Anónimas (seis mil 495 empresas), quedando la nacionalidad de sus accionistas mayoritarios protegida por el anonimato de las acciones.

Como se decía anteriormente, la soja y la forestación han sido los dos rubros con mayor crecimiento y protagonismo, generando no sólo cambios en la composición de la producción, sino que sobre todo han modificado la estructura agraria, el paisaje, el ambiente y las relaciones de trabajo del sector.

En esa tensión y escenario, sostenido en un modelo de fragilidad por su dependencia del mercado (chino) y del precio, la reestructuración que generan las nuevas formas del capital agrario han promovido diferentes procesos y formas de resistencia. La soberanía se posiciona como un concepto cuestionador del modelo predominante, caracterizado por la concentración, la homogeneidad, la afectación a los ecosistemas, el anonimato y la exclusión de modos de producción y habitantes. En el plano de la soberanía, el lugar de la producción familiar se ubica en la identidad y el proyecto de un modelo de desarrollo que reconozca y resignifique la especificidad de los habitantes, su modo de producción y su cultura.

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