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Artur Mas y ex colaboradores serán procesados el próximo mes

Juzgarán a diputado catalán por organizar la consulta independentista de 2014
Afp
 
Periódico La Jornada
Sábado 21 de enero de 2017, p. 23

Madrid.

El Tribunal Supremo español decidió este viernes abrir un juicio contra el diputado y ex vocero del gobierno catalán Francesc Homs por desobediencia grave al haber participado en la organización de una consulta simbólica sobre la independencia. El magistrado Andrés Palomo tomó esta decisión al apreciar indicios de un delito de prevaricación administrativa y de desobediencia grave de una autoridad pública, en relación con la consulta del 9 de noviembre de 2014, cuya celebracion había sido prohibida, señaló un comunicado.

La resolución no admite recurso y el acusado dispone de diez días para presentar su defensa para el juicio, que todavía no tiene fecha, añadió.

En 2014 Homs estaba a cargo de los servicios jurídicos y del área de comunicación del gobierno regional. Según el juez, omitió suspender cualquier actividad desplegada para la consecución de la consulta e impulsó el proceso.

La fiscalía solicitó nueve años de inhabilitación para el ahora diputado del Congreso español por el Partido Demócrata Catalán (independentista conservador).

La consulta, que no tenía efectos jurídicos, fue prohibida días antes por el Tribunal Constitucional, pero se celebró igualmente gracias al impulso gubernamental y a la colaboración de miles de voluntarios.

Participaron 2 millones 300 mil personas sobre un censo aproximado de 6 millones, y 80 por ciento apostó por la independencia.

A principios de febrero Artur Mas (presidente catalán 2010-2016) y dos miembros de su gobierno serán juzgados en Barcelona por los mismos hechos.

No obstante, Carles Puigdemont, sucesor de Mas, sigue sus mismos pasos y promete convocar a un referendo vinculante sobre la independencia en septiembre de 2017, ya sea pactado o no con Madrid.

Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, sostiene que una cuestión como la independencia deben decidirla todos los españoles, opinión secundada por el Tribunal Constitucional.

Esto empujó a los líderes independentistas catalanes a avanzar unilateralmente hacia la secesión, a pesar de que los 7.5 millones de habitantes de la región se muestran divididos al respecto.