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La tentación de la mano dura

La Jornada Baja California
E

l movimiento social que se inició en Baja California contra el gasolinazo y hoy tiene como eje el rechazo a la privatización del servicio de agua potable y la transparencia de su manejo (la población se pregunta a quién van a beneficiar realmente las obras de infraestructura en las que se está comprometiendo el presupuesto estatal de los próximos 37 años) parece haber rebasado al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

Tanto, que un grupo de manifestantes lo zarandeó el sábado pasado. Estrelló el parabrisas de su camioneta y hasta el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, tuvo que sumarse al equipo de seguridad del mandatario para que éste pudiera alcanzar el vehículo que lo sacó de las inmediaciones del palacio de gobierno, en Mexicali, donde hay un plantón permanente.

No sólo las actividades del Ejecutivo estatal se han visto comprometidas. El Congreso no puede sesionar porque sus instalaciones también están bloqueadas y ocasionalmente las alcaldías de Mexicali y Tijuana son obstruidas por los miembros de un movimiento social que se ha ido transformando con los días, que no tiene líderes visibles, pero tampoco quiere tenerlos.

Cuando el gobernador panista anunció que daría marcha atrás a la Ley del Agua de Baja California, parecía que las movilizaciones terminarían y los más de 80 mil ciudadanos que marcharon en los cinco municipios del estado se irían a casa. Pero no. Entonces se hizo público el contenido del decreto número 57, donde el Congreso autoriza al gobierno a pedir un crédito de 500 millones de pesos y estipula los montos que se destinarán a las asociaciones públicas-privadas que desalarán y manejaran el agua en el estado.

Muy molesto, el mandatario dirigió la noche del sábado un mensaje a los ciudadanos y advirtió que es su responsabilidad mantener el orden. En términos llanos, amenazó con desalojar a los manifestantes. Francisco Vega necesita un gabinete que no sólo pueda meter el cuerpo cuando necesita salir corriendo, sino operadores políticos que le permitan terminar su mandato sin que lo zarandee un grupo de 200 manifestantes.