En medio de la polémica que se generó por la presunta amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar tropas al país, la embajada estadunidense en México resaltó anoche la sólida cooperación que hay con las fuerzas armadas mexicanas, a quienes ‘‘les brindamos apoyo en el tiempo y la forma que nos lo solicita el gobierno de este país’’.

El gobierno federal iniciará un proceso formal de consultas con el sector privado y otros actores relevantes para fijar los parámetros que guiarán la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informaron las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Economía (SE).

El anuncio del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de llevar a cabo convenios con estados y municipios para la profesionalización de sus corporaciones policiacas, significa la muerte de la reforma constitucional en materia de seguridad pública, advirtió el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa.

La aprobación de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias efectuada en diciembre pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tiene su sustento en diversos artículos constitucionales, que presentan como eje medular el sexto constitucional.

Dirigentes del PRD analizan con el Instituto Nacional Electoral (INE) la posibilidad de que organice la renovación de su dirigencia nacional en agosto próximo. El consejo nacional del partido determinó que el proceso interno sea el primer domingo de agosto, con lo cual el periodo que en 2014 comenzó Carlos Navarrete y continuó al siguiente año Agustín Basave, lo finalice Alejandra Barrales. Sin embargo, a pesar de que no hay acuerdo, integrantes de distintas expresiones perredistas advirtieron que dentro de este escenario de negociación, Nueva Izquierda ha planteado ya a sus bases que la elección interna sería en julio, como les propuso el INE –en el instituto les mencionaron que podrían hacerlo antes de su periodo vacacional de verano y del arranque del proceso electoral de 2018. Los perredistas calculan que la participación de las autoridades electorales les implicaría un gasto de 120 millones de pesos, poco más de los 108 millones que erogaron en 2014.

Un magistrado electoral de Nayarit llegó a ese cargo sólo con la experiencia de haber impartido un curso de reforma política, con duración de 10 horas.