El anuncio del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que se busca establecer un plazo definido para que el Ejército retorne a los cuarteles y cese sus funciones de seguridad pública fue celebrado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González.

Lo deseable, acotó, es que este repliegue se realice a la brevedad posible, y llamó a sancionar a las autoridades que incumplieron con la depuración policiaca.

Sin embargo, advirtió que es “importante que se prepare y profesionalice a los cuerpos policiacos, porque sabemos que la presencia de las fuerzas armadas obedece a que éstos –sobre todo los municipales y algunos estatales– se vieron rebasados en sus capacidades y en algunos casos contaminados por el crimen organizado.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) cuestionó la pretensión del gobierno mexicano de legitimar el uso de las fuerzas armadas para las tareas de seguridad pública, ahora que el Congreso ha retomado la discusión para aprobar la ley en la materia.

Carlos Zazueta, investigador de Amnistía Internacional región Américas, consideró que esta legitimación debilitará aún más el sistema de protección de los derechos humanos en el país, sin contribuir en modo alguno a la seguridad de la población.

Dijo que las autoridades mexicanas deberían reconocer que tras 10 años de seguridad militarizada se han incrementado las violaciones a las garantías fundamentales, como la tortura, desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.

El organismo internacional consideró que el Congreso debería tener otras prioridades más urgentes, como las leyes generales sobre tortura y desaparición forzada, que tuvieron que ser aprobadas en enero de 2016, plazo que se dieron los mismos legisladores y que no han cumplido después de un año.