Chilpancingo, Gro.

Contingentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) protestaron ayer frente al Congreso local para exigir que se mantega vigente la Ley 701 de Derechos, Reconocimiento y Cultura de los Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero, la cual se pretende desaparecer.

Además, los inconformes demandaron la libertad de los dirigentes de la CRAC Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez, presos en distintas cárceles de la entidad.

En entrevista, Sabás Aburto, uno de los fundadores de la CRAC, señaló que los pueblos indígenas no están de acuerdo en que se derogue la Ley 701, porque todo se vendría abajo.

Resaltó que lo primero es la vigencia de esa norma, tenemos las propuestas de todos los pueblos indígenas. Queremos que sea una ley reglamentaria y deje de ser transitoria. No estamos de acuerdo con la propuesta del partido Movimiento Ciudadano porque nos descabeza, ya no aparecemos como autoridad.

Demandó que se prorrogue la discusión en cuanto a la legislación y recordó que no hay convocatoria para la consulta y ese es un mal precedente. Venimos desde nuestras comunidades para que nos atienda el gobierno esta exigencia.

Agregó que para la discusión y aprobación de la Ley 701, la CRAC hace alianzas con todos los sectores, incluidos los de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg).

Por su parte, Marco Antonio García, coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, hizo un llamado a los diputados locales a que cumplan cabalmente su responsabilidad de hacer leyes para proteger los derechos del pueblo, y no para perjudicarlo.

Los dirigentes de la CRAC, provenientes de los municipios de San Luis Acatlán, Xochis-tlahuaca y Tixtla, entre otros, repudiaron las llamadas reformas estructurales del gobierno federal, que han modificado las leyes a su conveniencia para entregar nuestra riqueza y recursos a las empresas capitalistas trasnacionales.