Buenos Aires.

El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió investigar al presidente argentino, Mauricio Macri, y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por irregularidades que surgen en el acuerdo alcanzado entre el Estado y la empresa Correo Argentino, que implica una condonación de la deuda al Grupo Macri, de lo que resulta un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado.

Al conocerse el acuerdo que el Estado le condonó al Correo Argentino 70 mil millones de pesos (unos 4 mil 370 millones de dólares), estalló un escándalo y todos los sectores de la oposición y algunos de la propia alianza gobernante Cambiemos demandan explicaciones ante el Congreso y condenan esta gravísima situación.

En poco más de 14 meses de gobierno, el presidente Macri acumuló más imputaciones judiciales que cualquier otro mandatario, y esta decisión del fiscal Juan Pedro Zoni de investigarlo por la condonación de deuda de Correo Argentino le sumó una cuarta causa penal, resume el portal El destape.

El gobernante está imputado desde abril del año pasado por la denuncia del diputado Darío Martínez por lavado de dinero “y omisión maliciosa ante la aparición de los Papeles de Panamá”, que quedó en manos del fiscal Federico Delgado, siguiendo la causa el juez Sebastián Casanello.

Lo grave es que ya se han logrado establecer más de 50 cuentas offshore en paraísos fiscales, del Grupo Macri, comprobándose ya que en un caso en el que el propio mandatario dijo que no había dinero en esa cuenta en Bahamas, se movilizaron casi diez millones de dólares para realizar negocios en Brasil.

El diputado Martínez ha logrado junto a un grupo de investigadores periodísticos pruebas suficientes, pero es evidente que el Ejecutivo maniobra con el actual gobierno del presidente golpista Michel Temer para tratar de ocultar o demorar la entrega de documentos de ese país a los jueces.

El importante portal El Destape destacado por sus investigaciones y denuncias recuerda que después de la ley de blanqueo de capitales dispuesta por el gobierno, el presidente amplió por decreto la extensión de la exteriorización a los familiares de funcionarios públicos, lo que le mereció otra imputación judicial junto con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro de Finanzas y Hacienda, Alfonso Prat Gay.

En este caso la demandante es la diputada María Emilia Soria ante el juzgado de Sebastián Ramos. Otro caso está en manos de la fiscal María Paloma Ochoa, quien comenzó una investigación contra Macri y otros diez funcionarios, además del empresario Gastón Gaudio, el emir de Qatar y el titular de la Autoridad de Inversión qatarí por un memorándum firmado con ese país que afecta incluso la soberanía nacional, lo que fue denunciado por El Destape el año pasado. En este caso la denuncia fue presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y ampliada por el diputado Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria.

La fiscal Ochoa también pidió indagar el año pasado al presidente por su participación en la emisión descontrolada de Lebacs (letras del Banco Central) que fue desestimada por el juez Daniel Rafecas (uno de los que intenta llevar a juicio político el gobierno de Macri, como otros en su larga lista). Pero la funcionaria del Ministerio Público pidió reabrir la causa.

De manera que la actual imputación del juez Zoni es la cuarta causa contra el mandatario, entre las varias que afectan a unos 27 funcionarios de su gobierno, que en este caso se ha instalado como un gran escándalo en una acción en que el gobierno ha perdido el apoyo de los sectores opositores que lo acompañaron en otras ocasiones.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia resolvió que un fallo de un tribunal internacional no puede revertir una de sus sentencias y afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia revisora para el país. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales cuestionaron la resolución y afirmaron que deja a las víctimas de violaciones de los derechos humanos desprotegidas ante poderes judiciales que han sido y son incapaces de dar respuestas.

Esto resulta muy grave cuando la Corte Suprema debe intervenir en el caso de Milagro Sala, la dirigente social y diputada detenida desde hace más de un año ilegalmente en la provincia de Jujuy. Organismos humanitarios protestan nuevamente por estas acciones de la Corte Suprema, que van erosionando la lucha por los derechos humanos, que pusieron a Argentina en un lugar en el mundo.

Protesta social

La Unión Obrera Metalúrgica se movilizó este martes en esta capital ante los miles de trabajos perdidos, despidos y suspensiones y la caída constante de la industria y las empresas metalúrgicas que habían recuperado su lugar en los últimos años, advirtiendo sobre el agravamiento de la situación a nivel nacional.

A su vez la Asociación Bancaria Argentina decidió un paro nacional de 70 horas que comienza el viernes próximo y continúa el lunes y martes de la semana siguiente.