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Las mujeres fueron acusadas de secuestro en 2006 y estuvieron presas 3 años

La PGR organiza acto de disculpa pública para reconocer la inocencia de 3 indígenas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de febrero de 2017, p. 11

El próximo martes 21 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) llevará a cabo un acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública para las indígenas ñañú Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron encarceladas injustamente por más de tres años, acusadas por el secuestro de seis policías federales.

En un comunicado, la PGR indicó que mediante este acto público cumplirá con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los juicios 6234/13-17-01-1/1237/13-PL-04;6233/13-17-09-10/1521/13-PL-08-04 y 6235/13-17-05-11/1289/13-PL-02-04.

El acto será presidido por Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR, y contará con la participación de las víctimas y de Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su carácter de representante legal de las mujeres.

El reconocimiento se llevará a cabo el 21 de febrero a las 12:30 horas, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, para reivindicar la identidad de las mujeres indígenas, apuntó la procuraduría.

La detención de las tres víctimas ocurrió en agosto de 2006, cuando la extinta Agencia Federal de Investigaciones las acusó de secuestrar en marzo de ese mismo año a seis de sus agentes, luego de un frustrado operativo contra la venta de piratería en el tianguis de la comunidad de Santiago Mexquititlán.

Pese a enfrentar un proceso judicial lleno de irregularidades, Jacinta Francisco fue condenada a 21 años de prisión –misma sentencia que recibieron un mes después Alcántara y González–, pero ante la falta de solidez de las pruebas en su contra, las autoridades se vieron obligadas a retirar los cargos y un juez decretó su liberación el 15 de septiembre de 2009.

Con respecto a Alberta y Teresa, ambas fueron liberadas en abril de 2010, luego de casi cuatro años de permanecer en el penal de San José El Alto, Querétaro. Lo anterior se logró después de que cinco ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieran revocar la sentencia y declararlas inocentes.