Los servicios estatales de salud dispusieron en 2015 de 424 millones de pesos para la operación de las unidades médicas móviles (UMM), las cuales son la alternativa para subsanar la dificultad de acceso médico en comunidades alejadas y de alta marginación. Pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las entidades no acreditaron haber empleado 90 por ciento del dinero (386 millones de pesos) para los fines a los que estaba destinado.

Resalta el caso del gobierno de Veracruz en la administra-ción de Javier Duarte, que en ese año no entregó a la Secretaría de Salud estatal los 14 millones 104 mil 200 pesos asignados a las unidades médicas móviles.

En la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF detectó que no existen mecanismos de vigilancia y supervisión periódicos sobre los recursos del programa, lo que impide la transparencia y rendición de cuentas.

Anteriormente la estrategia se identificaba como Caravanas de la Salud. Son vehículos donde viaja un médico, una enfermera, un promotor de salud y en algunos también va un odontólogo. El personal lleva a las comunidades acciones de prevención y promoción de la salud.

Se trata de un programa que existe desde hace poco más de 40 años y que en el actual sexenio se ha centrado en las localidades identificadas por el menor índice de desarrollo humano, a las que se llevó la Cruzada Nacional contra el Hambre.

La Secretaría de Salud (SSa) reconoce que en los lugares adonde deben llegar las unidades médicas móviles resulta muy complejo el establecimiento a corto plazo de unidades médicas fijas.

Aunque la operación del programa se rige por reglas y convenios específicos de colabora-ción entre la dependencia federal y los estados para la transferencia de los recursos económicos, la ASF identificó que no existen medidas de supervisión del programa.

Señala que hay un formato de certificación de gasto, donde las entidades enlistan los gas-tos, pero no lo acompañan de los documentos probatorios (facturas que cumplan con los requisitos fiscales).

El organismo fiscalizador indicó en su reporte que 10 estados no transfirieron los recursos federales a los servicios estatales de salud en los plazos marcados en el convenio, mientras otras (Chihuahua y Sonora) presentaron la documentación que comprueba el gasto de poco más de dos millones de pesos entre las dos, y los reintegros correspondientes antes del término de la auditoría.

A causa del faltante por 386 millones 468 mil 700 pesos, la ASF emitió seis recomendaciones y 17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.