Río de Janeiro.

La Policía Federal brasileña envió este lunes un informe al Supremo Tribunal Federal en el que acusa a los ex presidentes Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y al ex ministro de Educación de ésta, Aloizio Mercadante, de intentos de obstruir la justicia en las investigaciones de la Operación Lavado Rápido.

La policía interpreta como obstrucción el hecho de que Rousseff decidió nombrar ministro de la Casa Civil al ex presidente Lula en marzo del año pasado.

Al formar parte del gabinete Lula habría pasado a tener fuero y escapado así del ámbito de acción del juez Sergio Moro, que sigue la Operación Lavado Rápido y es enemigo declarado de Lula.

Tras una fuerte polémica el nombramiento fue suspendido por el Supremo Tribunal Federal y nunca se concretó.

En el caso de Mercadante, la acusación de tráfico de influencia se basa en un audio filtrado por Eduardo Marzagão, quien fue asesor del ex senador Delcídio Amaral, del Partido de los Trabajadores.

Se trata de una conversación privada en la que el ministro presuntamente ofrece ayuda a cambio del silencio de Amaral, para que no firme un acuerdo de delación premiada con los investigadores de Lavado Rápido y evitar así que ofreciera detalles sobre la implicación de Lula y Rousseff en la corrupción en Petrobras.

La policía considera que el conjunto probatorio es suficiente para imputar delitos de obstrucción a la justicia y tráfico de influencia (en el caso de Mercadante), pero no los denunció formalmente.

La acusación parte de una petición que el procurador general Rodrigo Janot hizo el pasado mes de mayo para que la policía verificara si se produjeron o no tales delitos.

Ahora el Supremo Tribunal Federal decidirá si deriva el caso, ya que ninguno de los tres implicados tiene cargo gubernamental, por lo que no gozan de fuero y serían investigados por la justicia ordinaria.