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La constructora brasileña busca negociar con varios países de AL multas por sobornos

Catean oficinas de hijos y abogada del ex presidente Martinelli por caso Odebrecht
 
Periódico La Jornada
Viernes 24 de febrero de 2017, p. 23

Ciudad de Panamá.

Fiscales y policías panameños catearon este jueves varias oficinas de los hijos del ex presidente Ricardo Martinelli y de una abogada cercana a su familia, como parte de la investigación sobre el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Lo que se está cateando es la oficina de la abogada Evelyn Vargas, que está ubicada en Importadora Ricamar (propiedad del ex presidente), y también las oficinas de los hijos de Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, manifestó a la agencia de noticias Afp Rogelio Cruz, abogado del ex mandatario.

Los allanamientos se producen un día después de que la abogada panameña Vargas, vinculada con la familia Martinelli, fue detenida preventivamente tras declarar ante la Fiscalía Especial Anticorrupción por el escándalo de Odebrecht. Cruz indicó que la acción estaría relacionada con las declaraciones formuladas por Vargas a la fiscalía.

El ex mandatario panameño (2009-2014), quien vive en Miami, es reclamado a Estados Unidos por la justicia panameña, que lo acusa de espiar a opositores y lo investiga por varios casos de corrupción.

Por otro lado, en Brasil se difundió que Odebrecht quiere negociar multas por sobornos con varios países de América Latina antes de junio, lo que ayudaría al conglomerado brasileño a evitar que las elecciones que se realizarán en la región en los próximos meses retrasen las ventas de activos que quiere hacer, dijeron dos fuentes con conocimiento del tema.

Según las fuentes, Odebrecht podría vender 6 mil 500 millones de reales (2 mil 100 millones de dólares) en participaciones de proyectos y en licencias de operaciones en la región y en Angola para fines de año. Hasta ahora, el grupo ha vendido 5 mil millones de reales de una meta de 12 mil millones de reales.

El destino de las ventas depende cada vez más de lo rápido que los gobiernos decidan sus penas contra Odebrecht, que reconoció haber pagado sobornos para ganar proyectos durante los últimos años. La semana pasada, fiscales de 10 países de América Latina formaron una fuerza conjunta para compartir evidencia en la investigación.

Varias desinversiones previstas, como el proyecto minero Catoca en Angola y una participación de 28 por ciento en la represa Santo Antonio, en Brasil, podrían cerrarse a fines de año, dijeron las fuentes. Salir de Gasoducto Sur Peruano SA podría tardar más, dijeron las fuentes, luego de la decisión de Perú de cancelar el proyecto y licitarlo de nuevo.

Otros activos y proyectos que Odebrecht tiene en venta incluyen la represa Chaglla en Perú, el proyecto de la carretera Ruta del Sol en Colombia, varias licencias para trenes subterráneos y peajes, además de una participación en el aeropuerto internacional Galeao en Río de Janeiro.

De los 10 países en los cuales se investiga a Odebrecht, ocho tendrán al menos una elección parlamentaria, regional o presidencial en los 18 meses hasta diciembre de 2018.

El escándalo por los sobornos del grupo brasileño ha provocado una enorme molestia en países como Perú, donde las autoridades buscan arrestar a un ex presidente, o en Colombia, donde se acusa a la empresa de financiar la campaña del presidente Juan Manuel Santos.