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Gobierno federal contra el estado: en favor de los piratas de la minería

La Jornada Zacatecas
L

os intereses privados de gobernantes federales están por encima del interés público de la nación. La perversión no puede ser más clara y expresa. Las cifras son contundentes: empresas que en los años recientes aumentan sus utilidades 500 por ciento y derraman impuestos importantes en sus países de origen, mientras en el lugar donde extraen la riqueza dejan únicamente 8 centavos de dólar por cada mil dólares del valor de la producción. Además, el daño ecológico es brutal. Son como piratas posmodernos: las mineras llegan con enormes apoyos de instituciones financieras, resguardos legales y protección de la clase política local comprada con cañonazos de billetes verdes que inundan sus bolsillos. El poder corruptor de esas empresas sólo es comparable con el crimen organizado, sólo que es un crimen organizado legalmente reconocido, pero igualmente letal.

El caso que nos ocupa es paradigmático. Se establece un impuesto ecológico para hacer pagar a las mineras sólo un poco de lo que se llevan. Con mayúsculo cinismo se niegan a pagar aventando por delante a un corrupto líder de un sindicato de mineros que sale a defender el interés de los dueños del capital. Se amparan. Pero ahora, el cinismo y la indignidad llegan a su límite con la intervención de la Presidencia de la República, que sale también en defensa de los abusivos capitales mineros y que busca una sentencia que los proteja de intentos semejantes en todas las entidades. El gobierno federal se porta poco menos que como lacayo de los piratas de la minería al litigar directamente en contra de los intereses públicos del estado de Zacatecas. Una muestra de que las autoridades federales están favoreciendo indiscriminadamente a las grandes empresas mineras son los datos de la Auditoría Superior de la Federación: en 2015 las grandes compañías acapararon 73 por ciento de la explotación de minerales del país, en tanto que las medianas, 18, y las pequeñas, sólo 8. Eso confirma el duro diagnóstico de algunos sociólogos mexicanos: el Estado en manos de los poderes fácticos. Es un antecedente histórico.