yer se cumplieron cuatro años de que centenares de pobladores de las comunidades michoacanas de La Ruana y Tepalcatepec anunciaran la creación de sus propios cuerpos de seguridad para hacer frente a los abusos del crimen organizado. La apropiación civil de dos patrullas municipales en La Ruana, el 24 de febrero de 2013, marca el nacimiento de las autodefensas, grupos civiles que durante los meses siguientes se reprodujeron en diversas poblaciones del país, principalmente en Michoacán y Guerrero, ante la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para proveer a los ciudadanos de la protección debida frente a los asesinatos, extorsiones, secuestros y otros ilícitos de los que eran víctimas.

Cabe recordar que la actitud del gobierno federal y estatal frente a estos grupos estuvo marcada por la ambivalencia y los vaivenes: desde acusarlos de complicidad con los cárteles del narcotráfico –en aquella coyuntura el principal grupo delictivo de la entidad era el de Los caballeros templarios–, pasando por el reconocimiento de su labor y la oferta de integrarlos en un cuerpo oficial conocido como Fuerza Rural, hasta sus posteriores desarme y desmovilización forzosos en nombre del restablecimiento del Estado de derecho.

Debe señalarse también que el proceso de desarme oficialmente concluido el 10 de mayo de 2014 estuvo marcado por la aplicación facciosa de la justicia y por un afán persecutorio contra aquellos grupos que intentaron reivindicar su independencia y su carácter ciudadano ante el gobierno federal y su enviado para afrontar la situación de la entidad –el comisionado para la Paz y Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, hoy titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El saldo y las dimensiones de la persecución contra los integrantes de las autodefensas michoacanas se refleja en las más de mil personas detenidas por esta causa desde febrero de 2013 hasta hoy, es decir, un tercio del total de autodefensas que se calcula llegaron a integrar los distintos grupos en todo el estado. De los detenidos, 364 siguen presos: 64 de ellos porque no tienen el dinero para pagar la fianza de 120 mil pesos, 100 por no haber obtenido el beneficio de la libertad bajo caución y 200 por diversas fallas en procedimientos legales viciados de origen.

Ejemplo emblemático del fenómeno del encarcelamiento arbitrario y aberrante de los ex autodefensas es el caso del doctor José Manuel Mireles, médico de Tepalcatepec reconocido por su liderazgo entre los habitantes que se levantaron contra el crimen organizado en Tierra Caliente. Detenido de manera irregular el 27 de junio de 2014 en el municipio de Lázaro Cárdenas, Mireles lleva dos años y medio preso por presunta portación de armas de uso exclusivo del Ejército, primero en un penal de alta seguridad en Hermosillo, Sonora, y desde noviembre pasado en Nayarit, pese a las graves complicaciones a su salud y a las flagrantes violaciones al debido proceso que marcan todo su caso.

La disolución de los grupos de autodefensa y la persecución contra sus antiguos integrantes se ubica, además, en un contexto en que las causas que originaron estos levantamientos civiles se encuentran lejos de desaparecer. En efecto, aunque la acción de las fuerzas federales en Michoacán y otras entidades dio paso a una reconfiguración del mapa de la criminalidad organizada, la violencia, el quebranto generalizado del estado de derecho y, en suma, la absoluta desprotección de la vida humana siguen marcando el día a día de las comunidades en amplias zonas del país.