En la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Programa de la Reforma Educativa (PRE), aplicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), con recursos por 7 mil 500 millones de pesos, no generó impacto en la mejora de infraestructura y equipamiento escolar, al alcanzar niveles de atención marginales.

A pesar que el gobierno federal determinó como población objetivo sólo 13.9 por ciento de los 178 mil 33 planteles que reportaron sus condiciones físicas y de equipamiento en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica (Cemabe), se estimó que el gasto promedio por escuela participante (24 mil 550) fue de 305 mil pesos, es decir, 19.6 por ciento menor al gasto promedio reportado en 2014.

Sin embargo, advierte la ASF, no todas las obras de mejoras correspondieron con las necesidades diagnosticadas, ya que de las 82 mil 953 carencias de infraestructura física y de equipamiento identificadas, sólo se atendió 26.4 por ciento, por lo que persiste el riesgo de que la infraestructura física y el equipamiento de los planteles educativos de formación básica no sean adecuados para el proceso de enseñanza, en detrimento del aprendizaje de los alumnos.

Para la atención de las carencias físicas se detectó una desigual distribución de los recursos, pues de las 15 mil 966 escuelas que recibieron financiamiento, al menos mil 315 (8.3 por ciento) recibieron montos menores a lo establecido en los lineamientos de operación del PRE y 164 un apoyo superior, pero en otros mil 131 centros escolares (7.1 por ciento) no se logró identificar la cantidad de recursos otorgados.

En cuanto al desarrollo y fortalecimiento de la autonomía escolar, el segundo de los componentes que contempla el PRE, la ASF detectó en su auditoría de desempeño que de las 15 mil 7 escuelas beneficiadas con recursos públicos, sólo 4 mil 254 (28.3 por ciento) recibieron los montos establecidos, y en al menos 5 mil 472 (36.5 por ciento) no se logró identificar la cantidad aportada.

La ASF también detectó que en el componente 4, correspondiente a la instalación y mantenimiento de bebederos escolares, responsabilidad del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), de las 5 mil 964 escuelas atendidas no se dispuso de bases de datos que garantizarán que los planteles donde se instalaron bebederos cumplieran con las condiciones para su colocación, lo que incluye agua entubada o con condiciones de potabilización. Además, se destinaron menos recursos de los aprobados pues sólo se ejercieron 675.7 millones de pesos, de un total de mil 125 millones.

En sus conclusiones, el organismos autónomo destaca que el diseño de los lineamientos de operación del PRE para 2015 presentó deficiencias, debido a que la SEP no definió los mecanismos de coordinación para evitar la duplicidad de actividades en materia de mejoramiento de la infraestructura física educativa con el programa Escuelas Dignas del Inifed.

Además, no identificó con precisión a la población objetivo ni definió a los beneficiarios, ya que no se especificó el grado de carencia de las escuelas susceptibles de recibir el apoyo de acuerdo con el Índice de Carencias por Escuela.