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Ver día anteriorLunes 27 de febrero de 2017Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Corrupción en universidades públicas
H

a sido una práctica muy socorrida que algunos funcionarios establezcan empresas a nombre de familiares y amigos con el fin de darles contratos de obra pública o servicios diversos. Una forma de enriquecerse a costa del dinero público o realizar estudios a modo que favorezcan efectuar proyectos que tengan que ver con el medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. Si bien algunas leyes prohíben este tipo de negocios a la sombra del poder, lo cierto es que continúan, como lo muestran las denuncias por enriquecimiento explicable enderezadas contra los ex gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, para citar dos casos emblemáticos.

Esa manera de burlar la ley y hacer uso indebido de los recursos fiscales acaba de documentarla la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su reporte correspondiente a 2015. Varios casos involucran a secretarías de Estado y universidades del país. Cito los más relevantes. Los convenios celebrados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en tiempos de Rosario Robles y José Antonio Meade con las universidades Politécnica de Texcoco, Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Tecnológica del Sur del Estado de México; por su parte, la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), suscribió cinco con la Universidad de Zacatecas. El monto de tales convenios suma 831 millones de pesos. Pero resulta que no se cumplieron como marca la ley, sino que los recursos se transfirieron a terceros, los cuales no realizaron los trabajos acordados. En el caso de la Sagarpa con la universidad zacatecana, se trataba de beneficiar a 24 personas por medio de 36 proyectos. Se supone que de investigación. Pero 15 de los beneficiaros “no reconocieron haber firmado ningún trámite con la dependencia citada ni con la universidad; por lo que se presume el uso indebido de datos personales y la alteración de la documentación relacionada con el expediente técnico.

La ASF señala que desde 2011 dependencias de la administración federal adjudican a las universidades públicas contratos, convenios y otras formas jurídicas de darles dinero para la prestación de servicios, pero eludiendo el procedimiento de licitación púbica y en cambio simular contratos con terceros lo que ha provocado el ejercicio y desvío de recursos gubernamentales a fines ajenos.

El convenio entre Sedesol y la Universidad Politécnica de Texcoco incluía asesorar a funcionarios municipales sobre los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y coadyuvar en las actividades de la Cruzada contra el Hambre, pero incumplieron la normativa subcontratando a un tercero. Con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México y con la Politécnica de Texcoco tuvieron objetivos similares. Y en cuanto a la Tecnológica del Sur, también contrató los servicios de un proveedor, que tampoco llevó a cabo los servicios solicitados: transfirió los recursos recibidos a una persona moral, la cual los transfirió a cinco personas morales y tres personas físicas. La ASF afirma que los últimos cuatro años las universidades públicas han recibido de las dependencias federales 3.4 mil millones de pesos por medio de contratos para efectuar obras o servicios. Mas no realizaron los trabajos acordados y parte de ese dinero fue a dar a empresas fantasmas. En otras ocasiones subcontrataron con empresas sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos.

En tanto, los centros de investigación de las universidades beneficiadas con ese dinero, los pertenecientes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (su coordinador, el doctor José Sarukhán acaba de recibir uno un importante reconocimiento internacional, el premio Tyler) tienen problemas para realizar sus trabajos por falta de recursos.

Como en otros casos de corrupción de instituciones oficiales o de los poderes Legislativo y Judicial, los responsables de hacer mal uso de los recursos públicos no han sido sancionados. Gozan de total impunidad. El asunto da para más, como veremos próximamente.