El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Serrano Cortés, solicitó a la Contraloría General auditar los recursos aportados por las empresas Uber y Cabify, equivalentes a 1.5 por ciento de cada viaje que realizan y que forman el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, y acabar con las sospechas infundadas y dolosas provenientes de actores políticos.

La petición se realizó el pasado martes al contralor Eduardo Rovelo, con la finalidad de que se constate que el fondo se instituyó apegado estrictamente a la norma aplicable y hacer las gestiones necesarias para que los recursos recaudados –que a septiembre pasado sumaban 70 millones de pesos de Uber, que trasladó ese pago a sus usuarios– ingresen a la Tesorería de la Ciudad de México.

De esta manera, un área distinta a la Semovi estará en condiciones de ejercer esos recursos en proyectos para fortalecer la movilidad, el taxi y el peatón, así como transparentar el monto captado a la fecha, el mecanismo de obtención del mismo y la actuación de los funcionarios de esta dependencia, los cuales están sujetos a la legalidad.

Evitar politización

El funcionario señaló que a efecto de evitar que se politice y polemice el tema de los recursos aportados por las empresas Uber y Cabify, que forman dicho fondo, como se estableció en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 de julio de 2015, se solicitó a la contraloría realizar una auditoría del fideicomiso del fondo, que fue concretado por la dependencia que encabeza.

Los recursos captados se encuentran intactos, aunque no dio a conocer el monto de éstos –pero se esperaba que Cabify aportara el año pasado 10 millones de pesos–, a fin de mejorar el servicio que prestan alrededor de 140 mil taxis autorizados en la Ciudad de México, principalmente en el aspecto de seguridad para el operador y más de un millón de usuarios que atienden diariamente, comentó.

Por ello es necesario que esos recursos ingresen a la Tesorería y evitar que se dañen los proyectos encaminados a mejorar las condiciones de los peatones, los taxis y la movilidad con sospechas infundadas, por lo que una vez que la auditoría esté concluida, estará a disposición en la Contraloría General, dijo.

Hace unos meses, el funcionario estimó que cada año se podrían recibir por esta vía alrededor de 100 millones de pesos.