Cancún, QR.

En su informe de la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al gobierno de Quintana Roo aclarar y entregar la documentación que justifique el gasto de 67 millones de pesos ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (Sedesi), porque se sospecha que fueron desviados a gasto electoral. De no hacerlo, la dependencia deberá reintegrarlos a la Tesorería central, informó Julián Javier Ricalde Magaña, actual titular de la Sedesi.

Se incluye un monto de 3 millones 222 mil pesos que no fue aplicado de los recursos disponibles al 30 de abril de 2016 del Fondo de Infraestructura Social (Fise) 2015, detalló el funcionario.

También los programas Reciclando basura por alimentos y Brigadas del bienestar, creados por la administración de Roberto Borge como estandartes de apoyo a grupos vulnerables, están congelados por su ineficiencia al aplicar partidas y no realizar mediciones y estadísticas del nivel de pobreza en la entidad.

El titular de la Sedesi explicó que el dinero fue asignado por el gobierno federal a esos programas de apoyo social, pero los funcionarios borgistas lo desviaron para fines electorales y hasta el momento siguen sin comprobar el uso o destino que se les dio.

En 2015 el estado manejó recursos federales por 10 mil 432 millones y casi 470 tuvieron un destino irregular, sea porque no se aplicaron a los programas etiquetados o porque se pagaron sobreprecios, entre otras causas.

Borge Angulo dejó más cuentas pendientes con la ASF: falta comprobar el destino de mil 550.4 millones de pesos de los ejercicios fiscales de 2011 a 2014.

Gran parte de esos recursos no llegaron a los programas previstos y podrían ser exigidos por la ASF y el estado estaría obligado a devolverlos.

“En su dictamen, la Auditoría se refiere a programas como Prospera, y pregunta si tuvo o no los alcances para quitar el hambre a la población.

Los programas deben ser asertivos para ver si impactaron, y la respuesta es negativa; al contrario, sólo hubo campañas disfrazadas con despensas y la prueba es que estamos demandados por Liconsa (Leche Industrializada Conasupo) porque no se pagaron las grandes cantidades de leche que se pidieron; además, se desviaron recursos para un partido, agregó Ricalde Magaña, sin detallar qué instituto político fue el beneficiado.

El funcionario comentó que el porcentaje de hambre nunca fue medido, aunque se sabe que aumentó en los años recientes: una de cada tres personas es pobre en Quintana Roo y siete por ciento de la población vive en situaciones extremas mínimas de satisfacción en alimentos, vivienda, educación y seguridad.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, la carencia por acceder a los alimentos aumentó más de cinco por ciento, pues en 2012 la tasa era de 18.6 y en 2014 creció casi seis puntos a 24 por ciento, lo que implica un total de 80 mil personas afectadas.

De acuerdo al Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado –un sistema que utiliza la ASF para determinar la eficacia y transparencia en el manejo de los recursos públicos–, Quintana Roo fue uno de los 10 peores del país en ese rubro durante 2015.

Además, y según el informe de la cuenta pública 2015, ocupa el lugar 23 entre los 32 estados y es el más deficiente en la península, pues Campeche es el que mejor gestiona sus recursos y Yucatán está en noveno sitio.

La ASF considera que las razones principales de la falta de transparencia y eficiencia en el gasto son el contexto jurídico y político que limita la independencia de las entidades fiscalizadoras locales, así como las limitaciones en las capacidades técnicas y administrativas de los actores estatales y municipales.