León, Gto.

El Congreso de Guanajuato –de mayoría panista– interpuso un recurso de revisión al amparo ganado por tres transgéneros que solicitaron al registro civil de esta entidad emitir actas de nacimiento con su nueva identidad de género, por lo que el proceso legal para que esto sea reconocido tardará hasta cinco meses, denunció el director de la asociación Amicus DH, Juan Pablo Delgado Miranda.

El activista lamentó que el recurso interpuesto por el poder legislativo viole los derechos humanos de la comunidad transgénero, al obligar a sus integrantes a judicializar el cambio de identidad en las actas de nacimiento, cuando las personas heterosexuales pueden hacerlo sin tener que acudir a la autoridad judicial.

El registro civil de Guanajuato tenía que cambiar el nombre y el sexo en las actas de nacimiento de las tres personas que ganaron el amparo. Lamentamos la decisión del Congreso local que interpuso un recurso de revisión ante estas sentencias que les daban la posibilidad a nuestros representados de tener sus documentos y poder acreditarse de acuerdo a su actual identidad, dijo.

Recalcó que son más de 20 personas transgénero en esta entidad quienes han iniciado este proceso, pero ahora con el recurso de revisión de los legisladores generan que ellos sean estigmatizados como enfermos, pues para que se le otorgue su identidad tienen que pasar por pruebas sicológicas, endocrinológicas y siquiátricas.

Ayer, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, el diputado local de Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, evadió responder respecto de este recurso de revisión promovido por el poder legislativo contra la comunidad transgénero.

Al respecto, el coordinador de comunicación social del grupo parlamentario del PAN, Martín Diego Rodríguez, respondió que el recurso de revisión se hizo con base en la libertad configurativa de la que goza este poder público, pero con estricto respeto a los derechos humanos.

En un correo electrónico enviado a los medios, señaló que el recurso no controvierte de forma alguna el derecho para llevar a cabo la modificación de las actas del estado civil de las personas y adecuarlas a su realidad social.

Sólo pretende que se declare constitucional las vías por medio de las cuales se pueden llevar a cabo tales modificaciones; es decir, la vía administrativa para adecuar la variación de datos esenciales que se desprendan de la propia acta, y la vía judicial para los casos en que se pretenda modificar alguna cuestión fundamental de un acta del estado civil, concluyó.